La familia de Pablo Atilio Ventura teme que la impunidad prevalezca en el caso ocurrido en el interior de un calabozo, donde según la versión policial el joven se quitó la vida ahorcándose con un cordón.

Una causa virtualmente cerrada y a poco tiempo de poder ser declarada prescripta, una segunda autopsia que no pudo realizarse por la negligente conservación del cadáver, testigos claves que fallecieron de manera sospechosa y otros que contradijeron lo declarado en la instrucción del hecho y una denuncia por asociación ilícita hacia un grupo de abogados que se comprometieron a actuar en el expediente para terminar favoreciendo a que se perdiera ese vital momento inicial de la investigación.

Todos estos y otros elementos irregulares conforman el enigma en torno a la muerte de Pablo Atilio Ventura, quien fue hallado sin vida en un calabozo de la comisaría de Carlos Spegazzini en junio de 2008, en un episodio que de manera oficial fue considerado como un suicidio, pese a que la familia siempre planteó dudas y nunca logró que se profundice en la hipótesis de un homicidio, producto de una golpiza que habría recibido en el interior de la seccional policial.

El joven, de 24 años, terminó detenido, luego de un entredicho con allegados a su pareja con la que se había distanciado y solo pretendía conocer a una presunta hija suya que había nacido recientemente.

Se presume que un grupo de efectivos lo demoró para que se calmara y sería liberado a las pocas horas, tal como se lo comunicaron telefónicamente a sus padres. No obstante, en la noche del 12 de junio de 2008, la versión oficial sostiene que se ahorcó en una celda y esto dio lugar a una causa por “averiguación de causales de muerte”, que tramitó ante la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 1 Descentralizada de Ezeiza, a cargo del fiscal Ricardo Bruzzone.

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“Cuando llegué a la comisaría, apenas entré, me di cuenta que intentaban hacer pasar todo como un suicidio. De todas maneras, la reja de donde ató un cordón para ahorcarse tenía la misma altura que mi hijo, el banco al que se supone que se subió estaba roto, lavaron los pisos para borrar evidencias como manchas de sangre y a la otra gente que estaba detenida allí la sacaron enseguida para que no contaran nada. Esta claro que hubo un encubrimiento y con el paso del tiempo se fueron descubriendo muchas cosas que deberían figurar en la causa”, sostuvo Roque Ventura, padre de la víctima, en diálogo con DIARIO POPULAR.

En tal sentido, en abril de 2017, se radicó en los Tribunales de Lomas de Zamora una denuncia por “asociación ilícita”, vinculada a una supuesta maniobra de un grupo de abogados.

“En principio, todavía conmocionado por lo ocurrido, confié en el abogado Daniel Canelo se hizo cargo de la causa, pero como no podía ocuparse, aparecieron otros dos, Walter Bañasco y Silvia Pappola, pero tampoco hicieron las presentaciones y eso favoreció la situación de los policías que estaban esa noche y que no hay dudas tuvieron que ver con la muerte de Pablo. Y de esa irregularidad también hago responsable al fiscal Bruzzone, que nunca investigó nada y permitió que todo quedara impune”

A nueve años y medio de la muerte del joven, el temor de su familia es que “la causa prescriba y nunca se sepa la verdad. Seguiremos luchando, ya que hubo y hay muchas cosas raras en el medio, pero la connivencia de sectores policiales y judiciales impidieron que se avance en la investigación”.

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