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El fiscal Franco Mondino pidió la elevación a juicio oral contra 11 funcionarios imputados por el crimen de Valentino Blas Correas.
La Justicia cordobesa dio un nuevo paso en la causa que investiga responsabilidades políticas e institucionales vinculadas al crimen de Valentino Blas Correas, el joven asesinado por la Policía en agosto de 2020. El fiscal Franco Mondino solicitó la elevación a juicio oral para once funcionarios públicos que, según la investigación, habrían tenido participación en maniobras posteriores al hecho.
La pesquisa se abrió luego del fallo de la Cámara Octava del Crimen, que condenó a los responsables directos del homicidio, y ahora apunta a determinar el rol que tuvieron autoridades policiales y provinciales en la gestión del caso y en las decisiones que se tomaron inmediatamente después del asesinato.
Entre los imputados aparecen nombres de peso en la estructura de Seguridad de aquel momento: el exministro Alfonso Fernando Mosquera; el exsubsecretario Lucas Sebastián Mezzano; y el excomisario mayor Gonzalo Leonardo Cumplido, quien ocupaba un cargo jerárquico dentro de la Policía.
El ex ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, uno de los funcionarios acusados que deberá enfrentar juicio por su presunta participación en maniobras vinculadas al caso Valentino Blas Correas.
Once funcionarios serán juzgados por su rol tras el crimen.
Según la acusación, distintos funcionarios deberán responder por cinco hechos diferenciados. Varios policías serán juzgados por abuso de autoridad por no asistir a Blas y por impedir que el auto en el que viajaba pudiera llegar al Hospital de Urgencias, lo que finalmente culminó con su muerte.
Además, la oficial principal Natalia Soledad Márquez enfrentará cargos por lesiones leves, acusada de golpear a una de las jóvenes que viajaba con la víctima.
Otro de los puntos más graves de la investigación involucra al excomisario Cumplido, señalado por encubrimiento por no denunciar el supuesto “plantado” de un arma en la escena del crimen para desviar la causa. A esto se suma una acusación por dádivas que alcanza al exministro Mosquera y a Mezzano, quienes habrían ofrecido y facilitado un vehículo para Cumplido en el marco de la causa.
También deberá ir a juicio el director de Comunicaciones y Videovigilancia de la Policía, Víctor Rubén Di Stéfano, acusado de abuso de autoridad por permitir el acceso indebido a las imágenes registradas por las cámaras en momentos clave de la investigación.
El fiscal dispuso además el archivo de tres hechos investigados, entre ellos responsabilidades vinculadas a la formación policial y al Tribunal de Conducta, aunque aún queda pendiente la situación de varios efectivos imputados por la presunta manipulación de pruebas.
El crimen de Blas Correas, ocurrido el 6 de agosto de 2020, se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional en Córdoba y abrió una discusión profunda sobre el funcionamiento de la fuerza y el rol del Estado en su control.