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Con seis imputados, entre ellos cinco policías que se encuentran procesados y un comisario que continúa prófugo, el fiscal Nelson Mastorchio solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga el hecho en que murieron siete detenidos, que estaban alojados en la seccional 1era. de la ciudad bonaerense de Pergamino.
Con seis imputados, entre ellos cinco policías que se encuentran procesados y un comisario que continúa prófugo, se solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga el hecho en que murieron siete detenidos, que estaban alojados en la seccional 1era. de la ciudad bonaerense de Pergamino.
El fiscal Nelson Mastorchio requirió que la causa por la denominada Masacre de Pergamino sea elevada a juicio, haciendo hincapié en que “los elementos probatorios recolectados dan cuenta de la responsabilidad de los policías imputados en la muerte de los siete jóvenes, ocurrida el 2 de marzo de 2017". Una vez conocida la noticia, desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se destacó la importancia de la lucha de los familiares, señalando la necesidad de avanzar sin dilaciones en el proceso judicial.
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En el pedido se sostiene la imputación contra los agentes policiales Sergio Rodas, Brian Carrizo, Matías Giulietti, Carolina Guevara y Alexis Eva por abandono de persona agravado por el resultado de muerte con multiplicidad de víctimas. En el caso del ex comisario Alberto Donza, quien se encuentra prófugo, se solicitó que se profundice su búsqueda.
“En líneas generales, el pedido de elevación a juicio mantiene el relato de los hechos ya descritos en el requerimiento de prisión preventiva sobre la pasividad o directa omisión de los policías imputados para apagar el fuego y proteger la integridad de los jóvenes que se encontraban allí alojados. No sólo el personal policial no dio el auxilio inmediato y adecuado que la situación exigía, sino que demoraron el llamado a los bomberos y luego obstaculizaron su acceso y las tareas de rescate. Estos policías, que tienen responsabilidades por ser funcionarios públicos, incumplieron con el deber de cuidado y garantía de seguridad de las personas encerradas bajo su custodia. Por esta razón ya fueron exonerados de sus cargos por el Estado provincial”, enfatizó la CPM.
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