Un fiscal solicitó elevar a 8 años de cárcel la condena para uno de los cuatro ex efectivos de la Policía Federal por armar causas a indigentes para luego presentar los procedimientos ante la prensa.

Un fiscal solicitó elevar la condena de ocho años de prisión que se le impuso a uno de los cuatro ex efectivos de la Policía Federal, quienes en diciembre de 2019, fueron sentenciados a penas en suspenso por el "armado de causas" contra indigentes, para luego "presentar los procedimientos ante la prensa televisiva con el fin de ganar crédito".

El pedido fue formulado por el fiscal general Fabián Céliz al apelar ante la Cámara de Casación, la condena de primera instancia del Tribunal Oral Criminal Nro. 30 a cuatro policías que se desempeñaban en la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria de la Policía Federal Argentina. En ese fallo, se condenó por cinco hechos de "privación de la libertad agravada (por su condición de policía) en concurso ideal con la falsificación de documentos", a José Lusarreta, quien recibió 3 años de prisión en suspenso y 6 de inhabilitación absoluta por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos. En tanto, Hugo Daniel Rodríguez, Ricardo Maldonado y Carlos Francisco Giusepucci recibieron 2 años y 9 meses de prisión, más una inhabilitación de 5 años y 6 meses. En consecuencia, por el monto de las penas ninguno de los cuatro imputados fueron presos.

En su recurso ante Casación, el fiscal Céliz afirmó que si bien "en todos los casos las penas debieron haber sido de efectivo cumplimiento", en el caso del ex oficial Lusarreta "además de intervenir en los tres procedimientos fraguados, también era el que tenía mayor jerarquía dentro de la fuerza".

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Por ello, solicitó que sea condenado a una pena de "ocho años de prisión, accesorias legales y costas, más inhabilitación por el doble del tiempo de la condena, tal como oportunamente se requirió" cuando alegó en el juicio oral.

"El padecimiento sufrido por las víctimas por ejercicio abusivo que de su función pública hicieron los encartados a través de acciones que repugnan los principios del Estado de Derecho, hubiera merecido ser sancionado de otro modo", argumentó en su apelación.

Los hechos que se sustanciaron en el juicio datan de 1997 y 1998, período en el que los policías utilizaban como ‘carnada’ a una persona que se acercaba a mendigos o desocupados y les ofrecía una changa, ganaba su confianza, y luego se ausentaba y les dejaba un bolso a su cuidado. En forma posterior, aparecían los policías, que simulaban un procedimiento, y con abuso de sus funciones, los detenían acusándolos de tenencias de armas o drogas. Estos procedimientos eran presentados por los efectivos a la prensa televisiva como exitosos para ganar crédito dentro de la fuerza.

Estos policías ya fueron juzgados en dos oportunidades y absueltos en ambos casos, primero por el beneficio de la duda y luego por prescripción de la causa, pero por una presentación que llegó a la Corte Suprema de Justicia tras el primer juicio, se logró que sean sometidos a un tercero.

El caso se inició a partir del informe elaborado por la "Comisión Investigadora de Procedimientos Fraguados", creada en el 2000 por el entonces procurador general de la Nación Esteban Righi y que estuvo a cargo de Daniel Rafecas.

Allí se detectó el modus operandi de estos policías, quienes con su accionar damnificaron no sólo a indigentes, sino a personas que estaban desempleadas o tenían graves problemas mentales. La comisión relevó 75 procedimientos armados que perjudicaron a 123 personas.

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