El fallo recayó sobre el oficial inspector Esteban Ramírez, quien seguirá imputado del "homicidio preterintencional" de Jorge Martín Gómez, de 41, delito que prevé una pena de entre tres y seis años de cárcel

El efectivo de la Policía de la Ciudad acusado de provocar la muerte de un hombre armado con un cuchillo al que derribó de una patada en el pecho, fue procesado sin prisión preventiva por la jueza de la causa, quien consideró que no se excedió "en el cumplimiento de su deber", en tanto que le trabó un embargo de dos millones de pesos sobre sus bienes. El fallo de la magistrada Yamile Bernan recayó sobre el oficial inspector Esteban Ramírez, de 42 años, quien seguirá imputado del "homicidio preterintencional" de Jorge Martín Gómez, de 41, delito que prevé una pena de entre tres y seis años de cárcel.

Al sostener la calificación legal, la magistrada consideró que no hubo un "exceso en el cumplimiento de un deber" por parte del policía Ramírez, sino una conducta irresponsable que terminó con la muerte de Gómez.

Sin embargo, para la jueza el efectivo sí se "excedió" respecto de lo que marca el protocolo de la fuerza para reducir a un sospechoso, incluso armado con un cuchillo, como en este caso.

Según fuentes oficiales, Bernan sostuvo que, si bien aun no se cuentan con los resultados de los peritajes toxicológicos para determinar si Gómez se encontraba alcoholizado o bajo los efectos de drogas al momento del hecho, se recolectaron evidencias de que la víctima padecía un estado alterado de la conducta. Y en ese sentido, señaló que dicha circunstancia lo hacía aún más vulnerable al acto de violencia que fue la patada en el pecho que le aplicó el policía.

En tanto, Ramírez permanece en libertad ya que, el 21 de agosto pasado, Bernan le otorgó la excarcelación bajo caución juratorio por entender que no existían riesgos procesales de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

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No obstante, esta decisión fue apelada al día siguiente por la fiscal en lo Criminal y Correccional 32, Ana Yacobucci, quien consideró que esa resolución "era prematura" en esa instancia del proceso judicial y porque el imputado, al ser policía, podía "entorpecer la investigación". Ahora, será la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional la que deberá resolver si mantiene la excarcelación dispuesta por la magistrada o la revoca.

Por su parte, tras la difusión pública de lo ocurrido, Amnistía Internacional condenó el episodio y llamó "a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para investigar los hechos y en base a ello determinar las responsabilidades en el caso".

A su vez, en la Legislatura porteña se aprobó un pedido de informes para que el gobierno de la Ciudad responda en qué dirección presta servicios Ramírez, en qué circunstancias actuó, cuál es el protocolo de actuación de la fuerza policial y qué medidas se van a adoptar ante el suceso.

Cabe destacar que el hecho ocurrió el 20 de agosto último, alrededor de las 7:20, en Carlos Calvo al 2600, casi esquina Saavedra, del barrio porteño de San Cristóbal, donde Gómez interrumpía el tránsito. La situación fue denunciada, primero, por la pasajera de un colectivo, quien llamó al 911 para alertar que un hombre "drogado y con un cuchillo" no dejaba proseguir la marcha del transporte y golpeaba la carrocería. Luego, el chofer de la unidad advirtió a una oficial de la Policía de la Ciudad lo que sucedía, por lo que ésta se aproximó al lugar donde el hombre interrumpía el tránsito y amenazaba a automovilistas.

Allí, uno de los efectivos se le acercó y le lanzó una patada en el pecho, a raíz de la cual el sospechoso cayó desvanecido boca arriba sobre el asfalto.

El herido fue trasladado al hospital Ramos Mejía, donde murió más tarde, mientras que el policía quedó inicialmente detenido.

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