Se trata de Guillermo Calviño, quien fue procesado como jefe de una "asociación ilícita".

El ex jefe de la Policía Federal de la Ciudad, Guillermo Calviño, fue procesado con prisión preventiva como jefe de una “asociación ilícita” que recaudaba coimas de comerciantes y “trapitos” a cambio de supuesta “protección”, en los barrios porteños de Núñez y Saavedra, informaron fuentes judiciales.

La medida fue dictada por el juez de instrucción Ricardo Farías, quien resolvió mantener detenido al comisario general Calviño y le trabó un embargo de 600.000 pesos por los mismos cargos que le imputa y está detenido el ex jefe de la Policía de Ciudad, José Pedro Potocar.

Calviño fue titular de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (SSM) de la PFA y en 2016, cuando comenzó a investigarse el presunto cobro de coimas, era el jefe directo de Potocar, quien en aquel entonces estaba a cargo de la Dirección General de Comisarías (DGC).

Fuentes judiciales dijeron a Télam que una de las pruebas en contra de Calviño es que en un cuaderno secuestrado en el marco de la causa, en el que se cree que se anotaba el reparto de coimas entre diferentes jefes, figuraba la sigla SSM.

Además, la detenida comisaria inspector Susana Aveni, entonces jefa de circunscripción VII y a cargo una serie de comisarías -entre ellas la 35a.- aportó datos que complicaron la situación de Calviño cuando fue indagada en este expediente.

Para los investigadores, Calviño, Potocar, Aveni y el ex titular de la comisaría 35a., Norberto Villareal, único prófugo que tiene esta causa, eran los jefes de la asociación ilícita, en ese orden.

De acuerdo a las imputaciones, también integraban tal asociación los ex subcomisarios Hernán Antonio Kovacevich, Marcelo Stefanetti y Alberto José Codaro -procesados pero excarcelados por haber “colaborado” con el expediente- y los subordinados Alejandro Daniel Malfetano, Adrián Paul Otero, Sergio Gabriel Ríos y Alberto Quiroga Marciano -con prisión preventiva confirmada-.

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La causa se inició a raíz de una denuncia anónima recibida el año pasado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, que alertaba sobre el presunto cobro de coimas por parte de efectivos de la seccional 35a. a partir de la llegada de Villareal en enero de 2016.

Según se da por probado en el expediente, los imputados de menor rango respondían a las órdenes de Villarreal y obtenían dinero de los “trapitos” para dejarlos trabajar y de comerciantes y empresarios para darles “seguridad”.

Luego, el comisario distribuía las coimas entre sus superiores, de lo cual llevaba anotación en un cuaderno que fue secuestrado en la seccional y que tiene las siglas DGC y SSM, entre otras.

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