Las cámaras de seguridad registraron los disturbios ocurridos el 26 de junio en la Municipalidad de La Plata. Las imágenes serán incorporadas a la causa judicial.

Se conocieron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata que muestran los incidentes ocurridos el pasado 26 de junio, cuando una protesta de cooperativistas derivó en enfrentamientos con la Policía, incendios y destrozos dentro del edificio comunal.

El material, difundido por el Centro de Operaciones Municipal (COM), será incorporado como prueba en la denuncia penal presentada por el gobierno local tras los hechos. En el video, de poco más de un minuto, se observa el avance de un grupo de manifestantes hacia el Palacio Municipal, el traslado de neumáticos hasta el ingreso principal y los momentos en que comienzan los forcejeos con los efectivos policiales.

Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de manifestantes al edificio comunal.

La secuencia comienza con el corte de la calle 12, entre 51 y 53. A medida que avanza el registro, se ve cómo aumenta la concentración de manifestantes frente al edificio y cómo algunos de ellos ingresan al hall de la Municipalidad.

Las cámaras también captaron el inicio del incendio en el acceso principal y la rotura de los vidrios de la entrada, mientras los policías intentaban contener la situación.

Como consecuencia de los incidentes, 19 personas fueron detenidas.

Las imágenes serán incorporadas como prueba en la investigación judicial.

Las imágenes serán incorporadas como prueba en la investigación judicial.

La protesta se produjo luego de que el municipio resolviera dejar de contratar cooperativas de manera directa para tareas como corte de césped, limpieza de zanjas y barrido, y comenzara a adjudicar esos servicios mediante licitaciones públicas.

Según explicó la administración que encabeza Julio Alak, la decisión responde a la Ley Orgánica de Municipalidades y a una intimación del Tribunal de Cuentas bonaerense para adecuar el sistema de contrataciones.

Desde un sector de los manifestantes sostuvieron que el cambio ponía en riesgo sus fuentes de trabajo. Además, afirmaron que el municipio les ofreció una compensación mediante tarjetas sociales de $200.000 y que ese día no fueron recibidos por funcionarios.

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Tras los hechos, el municipio presentó una denuncia penal por daños, lesiones y atentado a la autoridad.

Además, desde la administración local señalaron que la organización que encabezó la protesta buscaba mantener un esquema de contratación directa por alrededor de $90 millones mensuales, mecanismo que, según indicaron, funcionaba desde 2011 y que será reemplazado por el sistema de licitación pública.

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