Lo dictanimó la Justicia penal de Ushuaia, en Tierra del Fuego, en el caso del galpón céntrico con 43 cadáveres acumulados que esperaban para ser cremados.

La Justicia penal de la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, consideró que no hubo delito en el caso donde se constató la existencia de un galpón céntrico con 43 cadáveres acumulados que esperaban para ser cremados, informaron hoy fuentes judiciales.

La situación se hizo pública en febrero pasado tras la denuncia de Sandra Sena, cuyo padre de 84 años había fallecido el 16 de marzo de 2020 y debía ser cremado a través de un contrato suscripto con la funeraria Casa Ramón Oviedo de la capital fueguina.

Debido a las repetidas demoras en el trámite, la mujer comenzó a indagar dónde tenían el cuerpo y descubrió que estaba junto a otros, en féretros apilados dentro de un galpón de chapa, ubicado en la calle Gobernador Campos 1168, en el centro de la ciudad.

Sin embargo, luego de tres meses de investigación, la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo sobreseyó a Ángel Oviedo, titular de la funeraria, a quien la fiscalía le imputaba los posibles delitos de "estafa y retención indebida", revelaron hoy los voceros judiciales.

La Justicia confirmó que el galpón carecía de habilitación municipal para funcionar como depósito de los cadáveres y que esa actividad no estaba en conocimiento de los familiares de las personas fallecidas.

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No obstante, la jueza entendió que lo ocurrido podría encuadrarse en una "irregularidad administrativa" pero no constituye una violación a las "normas nacionales represivas", sostuvo en su resolución.

En esa línea, Barrionuevo concluyó que la demora en la cremación de los cadáveres y la falta de entrega de las cenizas a sus familiares se justifican por "la situación excepcional generada a partir de la pandemia que nos encontramos atravesando desde marzo de 2020".

A su vez, la magistrada hizo hincapié en que los temas de salud pública, en el contexto de la pandemia, son competencia de la provincia y de la Nación, mientras que al municipio le corresponde la fiscalización del funcionamiento de cementerios y servicios funerarios.

Por ello, recomendó a las autoridades de todos los niveles "tomar los recaudos" para evitar este tipo de situaciones y que existan "riesgos en la salud de la población".

En cambio, en torno a las responsabilidades del titular de la funeraria, puntualizó que "no se verifican los elementos típicos del delito genérico de 'estafa' y/o los del tipo especial de 'retención indebida u omisión de restituir defraudatoria', ni de ningún otro tipo delictivo".

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