El pasado 5 de abril, la víctima salió con su bicicleta a comprar alimentos y en un control del cumplimiento del aislamiento social fue detenida por uniformados. Luego "apareció" ahorcada en su celda

Otra muerte en la celda de un calabozo y las dudas de los familiares de las víctimas, en relación a este tipo de situaciones a las que se vincula, oficialmente, con suicidios, más allá de las investigaciones que se sustancian ante cada episodio. Este caso tiene la particularidad de haberse registrado como una aprehensión por violar la cuarentena por la pandemia del coronavirus, aunque luego de ser demorada, una mujer de 39 años, terminó apareciendo ahorcada en una comisaría de la provincia de San Luis. Ahora, tras una serie de irregularidades en la causa, se denuncia que se trató de un caso de violencia institucional, en la que varios policías tomaron intervención y que luego se pretendió encubrir con un cuestionado informe inicial de la autopsia, que no detalló la existencia de lesiones producto de autodefensa.

Florencia Magalí Morales, una mendocina, madre de dos hijos y abuela de un nietito, se había radicado, tiempo atrás, en la ciudad puntana de Santa Rosa de Conlara, donde trabajaba en un hotel. En la mañana del pasado domingo 5 de abril salió con su bicicleta a comprar alimentos y en un control del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio fue interceptada por los uniformados, que la condujeron a la sede de la comisaría 25ta., a pesar de su resistencia inicial. Allí hubo un incidente, hasta que la alojaron en los calabozos de esa seccional policial, junto a presos por otros delitos y luego de varias horas de permanecer encerrada, la hallaron ahorcada con un cordón de su campera.

La infausta noticia generó un total descreimiento ante la posibilidad de un suicidio, sobre todo luego de recibir ciertas explicaciones sobre un supuesto "descuido" en el cuidado de la detenida y conocer que la médica que la había atendido en un hospital de la zona antes de ser llevada a su encierro sostuvo que "solo estaba exaltada" por el trato que había recibido de los policías. Entonces, ahí comenzaron una serie de cuestiones poco claras, tales como una primera autopsia con un informe "incompleto", según el propio forense que estuvo a cargo de la operación, mientras el expediente que tramita ante el Juzgado de Instrucción Penal del Departamento Junín (San Luis), modificaba su caratula, desde "averiguación de suicidio" a "averiguación de causales de muerte".

El magistrado Jorge Osvaldo Pinto ordenó secuestrar las cámaras de seguridad de las calles de Santa Rosa de Conlara, a los efectos de obtener detalles de la forma en la que demoraron y apresaron a Florencia Morales, al mismo tiempo que desde el gobierno provincial se pasó a disponibilidad a cuatro efectivos policiales que figuran como los presentes en el libro de guardia de la seccional, sindicados como los participantes en este confuso episodio. Y las dudas ya existentes en los familiares de la mujer, aquella autopsia inicial que daba cuenta solo de "asfixia mecánica" como motivo de la muerte, surgió una ampliación de ese informe, en el que aparece que "presenta lesiones", las que podrían estar vinculadas por su localización a signos de autodefensa ante un ataque y estudios complementarios hasta podrían dar cuenta de una agresión relacionada con presunto abuso sexual.

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Celeste Morales, una de las hermanas de Florencia, desde la provincia de Mendoza donde reside le contó a DIARIO POPULAR que "sin dudas, tenemos muchas dudas y más sospechas. No podemos comprender como se hizo una autopsia a medias y cuando nosotros vimos el cuerpo, notamos que tenía golpes, como un moretón en la mejilla y después ni siquiera pudimos vestir su cadáver para introducirlo en el féretro".

"Exigimos un trato respetuoso, hay dos padres, dos hijos, un nietito y los hermanos, quienes queremos saber que pasó. La Justicia debe darnos una respuesta, encontrar a los responsables y condenarlos por esta muerte, que no fue un suicidio", enfatizó.

Estos "abusos" de las fuerzas de seguridad en los controles para el cumplimiento de la cuarentena ya cuentan con algunas víctimas fatales y este ocurrido en San Luis es materia de investigación, que es seguida de cerca por las autoridades nacionales. La cantidad de efectivos policiales que participaron del procedimiento de la aprehensión de Florencia Morales, que ocurrió en el interior de la comisaría de Santa Rosa de Conlara y la posterior intervención de los forenses son algunos de los "puntos oscuros" de esta causa.

El abogado Santiago Calderón Salomón, quien representa a la familia de la mujer, expresó que "hay implicados que ni siquiera han sido citados a declarar como testigos y por lo tanto, mucho menos tenemos procesados. Todo está muy retrasado, a pesar de nuestros pedidos y que hemos logrado avanzar, por ejemplo, sabiendo que la primera autopsia presentó muchas irregularidades en su informe inicial. También restan conocerse los resultados de las pericias de ADN hallado en el cuerpo de Florencia Morales, las imágenes de las cámaras de seguridad y el relevamiento de los celulares que les secuestraron a los policías".

"Solo se dedicaron a comunicar que murió por asfixia mecánica, al quitarse la vida, colgándose con un cordón de una de sus prendas de vestir, pero después el mismo forense, Gustavo Lafourcade Durán, confirmó que hubo lesiones producidas en vida, pero que no le pudieron provocar la muerte. Y como la médica que la revisó en el hospital, antes de volver a llevarla a la comisaría, no consignó nada de ello, esas heridas son propias de gestos de autodefensa. Tampoco hubo hisopado ante posible abuso", concluyó el letrado.

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