Acoso callejero: vuelta a comisiones

“Agradezco a todos los que en este momento se han acercado como para de alguna manera mejorar la redacción aduciendo que es un tipo penal muy abierto, incluso algunos decían de muy difícil prueba”, explicó con una dosis de disgusto la presidenta de la comisión de Legislación Penal y miembro informante del oficialismo en este tema, Gabriela Burgos (UCR).

La diputada jujeña señaló que existen “a lo largo y ancho del Código Penal varios delitos que son de difícil prueba”, pero de todos modos accedió a postergar el tratamiento en el recinto hasta “la próxima sesión”, de manera tal de incorporar “todos los aportes”.

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“Como queremos que esto salga y adquiera la jerarquía de una nueva figura penal, me comprometo a trabajarlo con todos los aportes que recibido en estos momentos para que en la próxima sesión lo estemos sancionando y aprobando”, subrayó Burgos, que aclaró que “esto no significa dar un paso atrás”.

Minutos antes, el diputado del Frente para la Victoria-PJ Daniel Filmus había ratificado el acompañamiento de su bancada al proyecto, pero señaló que era “necesario profundizarlo” dado que a su entender un aumento de la carga penal sobre determinados delitos no conduce necesariamente a una “modificación de las conductas”.

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“Más de una vez nosotros modificamos el Código Penal y creemos que modificando leyes, modificamos conductas. Si uno mira las estadísticas después de haberse aprobado la ley que tipifica los femicidios y agrava las penas, se ve que no hay cambios en las conductas porque están muy asentadas en nuestra gente y es muy difícil cambiar. Hace falta una política educativa permanente y manifiesta del Estado que vaya en este sentido con mucha profundidad”, argumentó el ex ministro de Educación.

En este sentido, Filmus propuso incorporar al texto de la iniciativa un artículo que obligue al Poder Ejecutivo a realizar campañas de difusión que contribuyan a visibilizar la problemática.

Las multas contempladas en la iniciativa van de 3.000 a 20.000 pesos cuando las víctimas fueran mayores de edad, en tanto que el rango pasa a ser de 5.000 a 30.000 pesos cuando se tratase de menores de edad, o cuando el delito fuera cometido por funcionarios públicos o miembros de fuerzas de seguridad.

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