Rafecas rechazó el planteo de nulidad del ex mandatario y validó la investigación por violencia de género, que quedó a un paso de ser elevada a juicio oral.
El juez federal Daniel Rafecas rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa de Alberto Fernández y confirmó la validez de la causa por violencia de género iniciada tras la denuncia de Fabiola Yañez. Con esta decisión, el expediente quedó en condiciones de avanzar hacia la instancia de juicio oral.
El planteo del exmandatario buscaba invalidar todas las actuaciones realizadas por el juez Julián Ercolini, quien había llevado adelante la investigación hasta ser apartado del caso. La estrategia apuntaba a reiniciar el proceso desde cero, algo que finalmente fue descartado por el magistrado.
Rafecas se apoyó en la resolución previa de la Cámara Federal de Casación Penal, que al disponer el apartamiento de Ercolini había aclarado que la medida no afectaba la validez de los actos ya realizados en la causa. En línea con ese criterio, el juez sostuvo que no correspondía retrotraer el expediente.
La decisión quedó ahora sujeta a revisión por parte de la Cámara Federal. En caso de ser confirmada, se abrirá el plazo previsto por el Código Procesal Penal para que la defensa presente sus últimos planteos antes de la eventual elevación a juicio.
Alberto Fernández está imputado por los delitos de amenazas coactivas y lesiones leves y graves agravadas por el vínculo, en un contexto de violencia de género. Según la investigación, los hechos denunciados habrían ocurrido durante 2021, en el ámbito de la Quinta de Olivos.
De acuerdo con el expediente, los episodios de violencia física que se dieron por acreditados habrían tenido lugar en junio y agosto de ese año. A su vez, la imputación por amenazas coactivas se vincula con presuntas presiones ejercidas sobre la víctima para evitar que realizara la denuncia.
La defensa del exmandatario cuestionó el origen de la causa al señalar que surgió a partir de mensajes extraídos de un teléfono secuestrado en otro expediente, sin una delimitación previa del objeto de análisis. En ese sentido, argumentó que se trató de una obtención indiscriminada de información.
También sostuvo que el procedimiento implicó una “expedición de pesca”, al no establecerse límites claros en la búsqueda de datos. Sobre esa base, solicitó la nulidad de todas las medidas adoptadas durante la investigación.
El planteo fue rechazado tanto por la querella como por el fiscal federal Ramiro González. Fabiola Yañez advirtió que retrotraer la causa implicaría una revictimización y destacó que el proceso ya había sido revisado en distintas instancias judiciales que avalaron su legalidad.
Rafecas coincidió con ese enfoque y remarcó que los estándares internacionales obligan a evitar la revictimización en casos de violencia de género. En su fallo, concluyó que anular lo actuado generaría un desgaste jurisdiccional innecesario y contrario a los principios de celeridad procesal.
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