La demanda presentada por el gobierno provincial es por daños y perjuicios "contra edificios públicos" realizados por un grupo de ex empleados estatales que perciben sus haberes fuera de término con hasta un mes de retraso

La Provincia de Santa Cruz demandó un grupo de jubilados que reclamaron por haberes pagados fuera de término. La demanda presentada por el gobierno de Alicia Kirchner es por daños y perjuicios “contra edificios públicos” y por un monto de $329.400.

Según publicó la prensa santacruceña, la presentación judicial fue realizada por el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, y el abogado de ese organismo, Emilio Monzón, contra los miembros de la agrupación Jubilados Unidos en Acción.

A los denunciados se los acusa por daños contra los edificios de la Casa de Gobierno, la Caja de Previsión Social, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social. Se detalla la rotura de “puertas, persianas, vidrios”, y “pegatinas” en dichos edificios, de acuerdo a lo publicado por La Voz Santacruceña.

En la presentación judicial están denunciados Ana Villarroel, Cristina Coronel, Beatriz Constantino, Lucila Hernández, Laura Agüero, Néstor Ripa, María Virginia Peña, Margarita Guanuco, Enrique Bavera, y Agustín Pérez.

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“Solicitamos que los responsables de los actos vandálicos respondan con su patrimonio particular y restituyan los gastos que demandará al gobierno la reparación de estos daños”, dice la denuncia.

Aportan que las personas acusadas “han subido a las redes sociales que provocaron en los edificios públicos”, por lo tanto consideran que existía “un sistemático plan intencional”, de provocar daños.

También señalan que los jubilados dañaron “vehículos oficiales”, aunque no identifica las unidades.

La denuncia habla de “extrema violencia”, ejercida por los pasivos contra funcionarios y trabajadores, aunque aclara que “no intenta criminalizar la protesta social, ni mucho menos vulnerar el derecho constitucional de protestar”.

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El reclamo de los jubilados

Desde mediados de 2016 los jubilados provinciales perciben sus haberes fuera de término, y en algunos sectores hasta un mes de retraso, que desde 2017 perciben sus sueldos los trabajadores activos antes que los jubilados.

Los afiliados a la Caja de Previsión Social reclamaron ante las sedes de los edificios, en una ocasión tomaron pacíficamente la sede previsional, y a pesar de presentar pedidos de audiencia con la gobernadora, nunca pudieron reunirse con la máxima autoridad provincial.

Otro punto que sumó discordia en el sector pasivo es el acuerdo firmado entre el gobierno y los gremios APAP, ATE, y UPCN, de un aumento no remunerativo, o “en negro”, que excluyó a los jubilados.

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