El procedimiento fue desarrollado por la División Investigación de Delitos Violentos de la Policía Federal Argentina, quienes encontraron dinero en la caja fuerte y llevaron a la fiscalía también documentos y computadoras.

Una caja fuerte que contenía 130.000 dólares y 330.000 pesos fue decomisada en el Sindicato de Choferes de Camiones del partido bonaerense de San Miguel, en el marco de un operativo ordenado por la Justicia a raíz de una denuncia por presuntos pedidos de coimas y extorsiones a empresarios.

Fuentes judiciales informaron que el allanamiento se realizó en la noche del viernes, alrededor de las 22, en la sede ubicada en Concejal Tribulato 1531, en el noroeste del conurbano, y fue encabezada por los fiscales de Moreno-General Rodríguez, Hugo Llado y Carina Saucedo.

“El operativo es el resultado de un gran trabajo en equipo entre las fuerzas de seguridad, la Justicia y el Ministerio”, dijo ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Obtuvimos un dato, lo seguimos y realizamos tareas de investigación que nos permitieron desplegar con eficacia y precisión los allanamientos en el sindicato”, agregó la funcionaria, según un comunicado de prensa.

El procedimiento fue desarrollado por la División Investigación de Delitos Violentos de la Policía Federal Argentina (PFA), cuyos efectivos encontraron el dinero en la caja fuerte y luego la trasladaron a la fiscalía junto a documentos, computadoras y otros elementos de interés para la causa.

Una fuente judicial dijo que los policías fueron directamente a la oficina del titular del sindicato, Walter Rojas, y allí encontraron la caja fuerte con el dinero, que estaba separado en distintos fajos y tenía anotados diferentes nombres.

Ahora, los investigadores tendrán que establecer cuál es el origen de los fondos y si tiene vinculación con las denuncias.

La causa se inició a raíz de una denuncia que asegura que dirigentes del Sindicato de Choferes de Camiones de San Miguel ejercen amenazas y realizan pedidos de coimas a transportistas y comerciantes para que trabajen únicamente con determinadas empresas, las cuales estarían en connivencia con su agrupación. Un vocero judicial contó que los denunciantes son del rubro de alimentos congelados.

También había extorsiones para que les pagaran a los choferes por kilómetros recorridos bajo la amenaza de que, de lo contrario, se iban a quedar con esos puestos de trabajo.

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