La defensa de la expresidenta presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal de Casación contra las restricciones impuestas en su prisión domiciliaria. Además, desmintió quejas de los vecinos de San José 1111.
La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó este jueves un recurso de apelación ante la Cámara Federal de Casación contra las restricciones impuestas a su régimen de prisión domiciliaria en la Causa Vialidad.
A través de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, argumentó que la limitación a las visitas carece de sustento porque ningún vecino del edificio de San José 1111 manifestó quejas. También sostuvo que la tobillera electrónica reviste carácter excepcional.
La defensa intenta revertir la resolución del juez Rodrigo Giménez Uriburu, que rechazó los pedidos de flexibilización solicitados previamente.
En el pedido presentado ante la Justicia, la defensa afirmó que la resolución incurrió en arbitrariedad. Y sobre las visitas, insistió en que el argumento central del juez, que fue preservar la tranquilidad del barrio de Constitución, “carece de sustento empírico” porque no existen quejas.
A su vez, cuestionó la limitación del uso de la terraza del edificio por considerar que no se explicó cómo una flexibilización afectaría la convivencia.
La defensa destacó la “conducta irreprochable” de la exjefa de Estado durante el primer año de detención y recordó que el régimen se endureció tras una visita de un grupo de economistas el 17 de noviembre pasado, mientras que el estricto cumplimiento de las obligaciones no generó beneficios.
Con referencia a la tobillera electrónica, los abogados citaron un relevamiento del Consejo de la Magistratura que demuestra que su uso es de “carácter excepcional”. Y también señalaron que las condiciones impuestas revisten “una severidad que no guarda correspondencia con el tratamiento dispensado a la mayoría de las personas en prisión domiciliaria” y que no existe riesgo de fuga que justifique el uso.
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