La justicia penal de La Plata allanó este jueves empresas vinculadas a ex funcionarios en la causa que investiga por supuestos delitos de defraudación, negocios incompatibles con el cargo y peculado con la venta de un emprendimiento en la ciudad Tigre, informó una fuente judicial.
Los allanamientos fueron ordenados por la jueza de Garantías Marcela Garmendia, a pedido del fiscal penal Álvaro Garganta, que está a cargo de una megacausa por supuesto lavado de dinero.
La policía allanó dos domicilios de la empresa Capanone SA, ubicados en la calle Paraguay al 1400 y Tomás Anchorena al 600, de la que el ex gobernador Daniel Scioli posee el 99 por ciento de las acciones.
También hizo propio en la sede que la empresa Miller Building Internacional SA tiene en el Parque Industrial de La Plata, en la calle 520 y ruta 2.
Además de las dos empresas, los procedimientos se extendieron también a los tres domicilios que posee Multiespacios La Posada en las localidades de Benavídez, Hudson y La Plata, y en el Estudio Mercado y Asociados, de la capital provincial, donde la empresa Miller delega su actividad contable.
La fuente explicó a la agencia de noticias Télam que Garganta investiga la venta de un emprendimiento que hizo Capanone a Miller Building en el partido de Tigre y por el que pagó 3.850.000 dólares, cifra que para los investigadores está por encima del valor de mercado.
Según la orden de allanamiento a la que tuvo acceso Télam, Miller "también mantenía negocios a nivel particular con Scioli a través de la construcción de las instalaciones del club de Futsal La Ñata".
Para el fiscal es llamativo que "de manera paralela al cumplimiento del mandato de gobernador del mencionado Scioli, la empresa Miller Building ha sido seleccionada en una multiplicidad de ocasiones para la realización de obras públicas para la provincia de Buenos Aires".
Es que la empresa ingresó como proveedora en el 2009 y construyó al menos 15 centros de atención primaria de la salud (UPA) en distritos del Conurbano y el interior, que se ejecutaron durante la gobernación de Scioli para descomprimir a los hospitales provinciales.
Por eso, en los allanamientos el fiscal buscó documentación contable relacionada a los vínculos entre dichas empresas entre sí, como también entre las mismas y las personas físicas mencionadas o entre las empresas y el estado bonaerense o con funcionarios del gobierno provincial.
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