Aníbal Fernández quedó más cerca de su detención

En su denuncia, la fiscal Baigún sostuvo que Fernández le mintió a la Justicia por afirmar que no tenía patrimonio embargable para después vender dos autos de alta gama por más de $ 1 millón cuando ya se había ordenado su inhibición general de bienes. Se trata de un BMW y un Toyota.

Según la investigación judicial a la que accedió el diario La Nación, tanto Fernández como otros dos procesados irán a juicio oral por el ‘plan Qunita’ por sostener que no tenían bienes suficientes para responder a potenciales embargos cuando no era así.

Baigún, junto con la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración, logró probar que varios de los acusados que aseguraron no tener bienes en realidad eran dueños de 19 autos, 81 inmuebles, 1 moto, 4 embarcaciones, acciones y cuotas sociales, y fondos en cuentas bancarias, entre otros activos.

Por su parte, el ex jefe de Gabinete negó esta acusación y afirmó: ‘Vendí ambos vehículos, sí, pero para aumentar mi patrimonio, no para reducirlo. Porque cambié un auto por otro más nuevo y el dinero que cobré lo deposité en una cuenta en dólares que tengo en el Banco Patagonia y sigue ahí’. También, anunció que el lunes se presentará ante la Justicia para dar explicaciones sobre la venta de sus bienes.

El delito de insolvencia fraudulenta, por el que la fiscal acusó al ex jefe de Gabinete K, prevé una pena de seis meses a tres años de prisión. Así, la situación judicial de Fernández se podría complicar ya que en la causa Qunita está procesado además por presunto fraude contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Si el juez y el fiscal que tomen la denuncia de Baigún interpretan que buscó obstruir la acción de la Justicia, podría ordenar su detención.

La causa por el Plan Qunita fue instruida por el juez federal Claudio Bonadio, quien la envió a juicio oral en noviembre del año pasado.

En tanto, en octubre, la Cámara Federal de Casación revocó el sobreseimiento que en el marco de este expediente había sido dictado en relación al gobernador de Tucumán y ex ministro de Salud, Juan Manzur, y ordenó que se siga la investigación, luego de considerar “arbitrario y prematuro” haber descartado una responsabilidad penal de su parte en el marco de estas contrataciones.

Además de Aníbal Fernández y otros imputados, en el marco de esta causa también fue enviado a juicio oral el ex ministro de Salud Daniel Gollán.