Tras la reglamentación de la ley sancionada en diciembre, hubo avances en la implementación del registro de trabajadores de la economía popular que establece la Emergencia Social.

En una extensa reunión con funcionarios del Ejecutivo, organizaciones sociales avanzaron en la implementación del registro de trabajadores de la economía popular, previsto en la recientemente reglamentada Ley de Emergencia Social, y que garantizará el pago de un salario social -que hoy ascendería a $4.030- a los cooperativistas que trabajen en los distintos proyectos.

El encuentro tuvo lugar ayer al anochecer en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, y la ministra Carolina Stanley estuvo acompañada por el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en tanto participaron representantes de la CCC (Juan Carlos Alderete), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Juan Grabois) y Barrios de Pie (Daniel Menéndez), y el obispo de Merlo-Moreno, Fernando Maletti.

Tras varios piquetes en el centro porteño, la semana pasada el Ejecutivo reglamentó la norma sancionada en diciembre pasado.

La principal demanda de los líderes de los movimientos era la inmediata creación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatrep), que se encargará de inscribir en el Estado a más dos millones de trabajadores informales y cooperativistas. Es, en los hechos, el paso previo para el pago del salario social complementario -la mitad del salario mínimo vital y móvil-, que será financiado con un aporte estatal que hasta 2019 prevé desembolsos por 30 mil millones de pesos.

“Se sentaron las bases para implementar la ley de Emergencia, para la posterior implementación del salario social complementario”, dijo una fuente oficial. “Se sentaron las bases para implementar la ley de Emergencia, para la posterior implementación del salario social complementario”, dijo una fuente oficial.

Al ser consultada sobre la cantidad de trabajadores que podrían ingresar en primer término al registro -las organizaciones quieren que ingresen un millón-, la fuente sostuvo que “por ahora no hay cifras, pero serán integrantes de proyectos asociativos de la economía popular que ya están vigentes’.

Según las organizaciones sociales, los funcionarios reconocieron las demoras en la implementación del registro y hubo un diferendo entre las partes por los programas y planes que van a ingresar a esta nómina.

“Ellos planteaban un ingreso más restrictivo pero finalmente aceptaron ampliar la cantidad de programas. Por ahora no habrá posibilidad de que ingrese el rubro comercio, es decir, no habrá vendedores ambulantes dentro de los programas”, contó un líder social consultado por este diario.

Tanto los funcionarios como los cooperativistas sí coincidieron en “ser estrictos en la verificación de que los trabajadores estén en situación de extrema necesidad”.

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Con todo, los representantes de las agrupaciones sociales consideraron “positiva” a la reunión y pautaron volver a encontrarse en algunas semanas para hacer funcionar en los hechos al Consejo de la Economía Popular que crea la ley.

El gobierno, en tanto, se comprometió a dar rango institucional al Renatrep con una resolución ministerial que sería publicada en el Boletín Oficial el 1 de abril.

Lo que sí está suspendido, por ahora, es la creación de la “obra social piquetera”. Fuentes de las organizaciones admiten que prefieren avanzar en implementación del registro y esperar para afiliar a los trabajadores de las cooperativas. Más que el trámite en la Superintendencia de Servicios de Salud, los jefes de las organizaciones sociales deberán superar resistencias, hasta del sindicalismo tradicional, para hacer pie en la seguridad social

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