Bonadio procesó a De Vido por irregularidades en subsidios al gasoil

El juez federal consideró que entre julio de 2003 y marzo de 2014 se realizó una “maniobra ilegal” que ocasionó un perjuicio a las arcas del Estado de aproximadamente 609,3 millones de pesos (35,4 millones de dólares, al cambio actual). Por tanto, Bonadio ordenó un embargo de 1.000 millones de pesos (unos 58,2 millones de dólares) sobre los bienes del actual diputado por el Frente Para la Victoria.

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Además, dictó el procesamiento de Jaime, Schiavi y Alejandro Ariel Ramos -todos exsecretarios de Transporte-, así como de los responsables de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) durante ese periodo: Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Eduardo Sícaro. Sobre todos ellos dispuso un embargo de sus bienes por 900 millones de pesos (52,4 millones de dólares).

Bonadio estableció que, “abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban”, diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a “permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.

A su juicio, este sistema permitía calcular los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los autobuses y, consecuentemente, se terminaran entregando “sistemáticamente” subsidios al gasoil superiores a los correspondientes. “La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014”, detalló.

En la causa se investigan si estas entregas se realizaron a cambio de declaraciones juradas por parte de las empresas concesionarias del servicio, en las que se indicaban datos como el número de vehículos o la cantidad de pasajeros transportados.