Buscan impedir que procesados sean candidatos

Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Pablo Tonelli, el oficialismo desestimó las objeciones del kirchnerismo sobre una supuesta vulneración del principio de presunción de inocencia y fundó la validez de la iniciativa sobre la base de lo estipulado en el Pacto de San José de Costa Rica.

Silvia Lospennato (PRO), quien redactó uno de los proyectos que luego se unificaron en un dictamen de consenso, recalcó que la iniciativa “no solamente tiene una sólida base constitucional, sino que se ajusta al Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos”. “Es necesario avanzar en el marco regulatorio para prevenir hechos de corrupción”, esgrimió la legisladora macrista, que aclaró que la prohibición para ser candidato tiene una “limitación temporal” y “cesa inmediatamente en el momento en que la condena se cumple o es revertida” por la Justicia”. En ese sentido, explicó que la normativa propuesta “no afecta en lo más mínimo el principio de inocencia” ya que “no se extiende ni un día más de lo que es estrictamente necesario”.

En la misma sintonía, Brenda Austin (UCR) valoró que la iniciativa, que modifica la Ley 23.298 de Partidos Políticos, apunta a la “consolidación de nuestro sistema democrático y la lucha contra la corrupción”.

“Debemos construir los incentivos necesarios para que en Argentina la representación apunte a generar un sano vínculo entre representados y electores”, afirmó. Y explicó que “la propuesta tiene que ver con no permitir que puedan ser candidatos aquellas personas que hayan tenido condena, aun no estando firmes”.

En sentido contrario, la diputada del Frente para la Victoria-PJ Nilda Garré acusó a Cambiemos de pretender “ignorar el principio de inocencia, el debido proceso y todas las garantías constitucionales”.

“La imposibilidad temporaria ya es una forma de afectar el principio de inocencia”, consideró, y sostuvo que eso convierte al proyecto en un instrumento “muy peligroso”. El massismo, en cambio, firmó el dictamen de mayoría al argumentar que “los cambios sociales tienen que tener un correlato con la ley”.