Caballo Suárez pidió a la Justicia ser internado

El pedido lo hizo su abogado Carlos Broitman y ahora debe ser resuelto por el juez federal Sergio Torres, quien subroga a su colega Rodolfo Canicoba Corral, el magistrado a cargo de la causa.

Fuentes judiciales confirmaron a NA que en las próximas horas profesionales del Cuerpo Médico Forense lo revisarán en su domicilio de la localidad bonaerense de Olivos y, de acuerdo al resultado de la tarea, podrían disponer su inmediata internación en el Finochietto o bien su traslado a la sede pericial para que sea examinado en profundidad. En la presentación realizada por la defensa del ex líder sindical ante Torres, entre los estudios que necesita el dirigente se encuentran una gastroendoscopía urgente y una colonoscopía con sedación.

El pedido de autorización es porque este martes el juez Sebastián Ramos le dispuso la prohibición de salida de su domicilio a Suárez, a menos que cuente con autorización del juzgado interviniente.

El magistrado también ordenó que personal de Prefectura Federal lo vigile de manera permanente y controle el ingreso y egreso de personas, además de los movimientos en todos los accesos al domicilio.

Ramos se pronunció de esta forma luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita apelara este martes ante la Cámara Federal la concesión de la prisión domiciliaria de Suárez, quien está acusado de mal manejo de fondos del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y se encontraba detenido en Marcos Paz desde septiembre de 2016.

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La Fiscalía pidió que la Cámara Federal revoque el fallo de primera instancia del juez federal Luis Rodríguez, que subrogaba a Canicoba Corral y el viernes pasado le otorgó la prisión domiciliaria al ex secretario general, que ahora está en la casa de su hija en Olivos. Rodríguez adoptó la decisión en base a los problemas de salud de Suárez: un ACV (accidente cerebrovascular) isquémico transitorio que sufrió el dirigente sindical “con secuelas neurológicas actuales” y por los cuales tiene “severos factores de riesgo” como “hipertensión arterial y una severa alteración conductual (paranoia), que lo lleva a negarse a recibir el régimen dietético recomendado y muchas veces atención médica porque alega temor a ser envenenado”.

Al otorgar el beneficio, dispuso la colocación de una tobillera electrónica sobre Suárez, cuya vigilancia está a cargo del Programa de Asistencia de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Para el magistrado, se disminuyó el “riesgo procesal” por lo cual estaba detenido Suárez, al “haberse ordenado la realización de una pericia contable encomenadada al cuerpo de peritos especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración pública”.