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La Justicia encontró esa suma en efectivo en la casa de Ornella Calvete, funcionaria de la Secretaría de Industria y Comercio. La dimisión se concretó horas después del operativo ordenado en el marco del expediente por presuntas irregularidades en ANDIS.
La renuncia de Ornella Calvete, quien ocupaba la Dirección Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio, quedó confirmada tras un operativo judicial que derivó en el secuestro de cerca de USD 700 mil en su domicilio. Según fuentes oficiales, la salida se formalizó una vez que el Ministerio de Economía tomó conocimiento del procedimiento y sus resultados, considerados incompatibles con la permanencia de la funcionaria en el cargo.
El allanamiento fue dispuesto en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde la Justicia investiga contratos con proveedores públicos y la posible existencia de retornos vinculados a decisiones administrativas. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal ordenó varias inspecciones en la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo la vivienda de Calvete, donde se secuestró dinero en efectivo, documentación y dispositivos electrónicos relacionados con la pesquisa.
Entre los elementos incorporados a la causa figuran intercambios de mensajes entre Calvete y su padre, Miguel Ángel Calvete, dirigente del sector supermercadista y empresario con actividad en cámaras comerciales. En esos diálogos la exfuncionaria lo notificó sobre la presencia policial en su edificio y ambos comentaron inquietudes sobre movimientos financieros y eventuales requerimientos judiciales. Según el dictamen fiscal, allí se mencionaron explicaciones posibles ante una eventual consulta sobre el origen del dinero.
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Fuentes oficiales señalaron que el área a cargo de Luis Caputo aceptó la renuncia y ya trabaja en el reemplazo, aunque sin nombres confirmados. A la par, Miguel Ángel Calvete se presentó a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, también vinculado al expediente ANDIS.
La causa continúa bajo secreto parcial mientras se analizan los registros obtenidos en los allanamientos. No se informó aún sobre nuevas imputaciones o medidas adicionales, aunque el volumen del dinero incautado generó preocupación en organismos de control y en el propio Gobierno.
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