El fallo representa otro golpe a las cuentas públicas de la Argentina, que lucha por recuperar su estatus de país que cumple con sus oligaciones ante la comunidad internacional.

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Desde Washington llegó la mala noticia, ya que el Estado fue condenado a pagar US$ 320,7 millones (más intereses) al Grupo Marsans, último dueño de la firma, una empresa cuestionada por corrupción en España, donde sus directivos están presos.

“El demandado incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones”, sostiene el fallo.

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