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En un operativo conjunto entre Migraciones y la Policía Federal fueron identificadas 385 personas extranjeras, de las cuales 16 se encontraban en situación irregular. La medida se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración de Javier Milei.
El procedimiento fue realizado en la zona de Villa Celina por la Dirección Nacional de Migraciones, con apoyo de la Policía Federal Argentina (PFA), y se enmarca en la nueva estrategia oficial de endurecimiento de los controles migratorios.
Según se informó oficialmente, durante el operativo fueron identificadas 385 personas extranjeras en la vía pública. Del total, 16 no contaban con residencia ni trámites migratorios vigentes, por lo que quedaron sujetas a los procedimientos administrativos correspondientes. Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que deberán regularizar su situación documental; de lo contrario, podrían enfrentar procesos de expulsión del país.
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“Se trata de controles firmes y reglas claras: sin documentación válida no hay permanencia legal en el territorio nacional”, señalaron desde el área de Seguridad, al justificar la medida. El operativo se desarrolló sin allanamientos y contó con el uso de equipamiento biométrico portátil para la identificación rápida de personas, una herramienta que, según la PFA, fortalece las acciones de prevención de delitos federales.
La intervención volvió a encender el debate sobre el enfoque adoptado por el Gobierno nacional en materia migratoria, caracterizado por mensajes públicos de tono punitivo y un fuerte énfasis en el cumplimiento estricto de la normativa vigente. En redes sociales, sectores afines a la derecha criticaron que no se avanzara con deportaciones inmediatas, en línea con políticas más duras aplicadas en otros países.
Nuevo organismo
En paralelo a estos operativos, el presidente Javier Milei avanzó en la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, una nueva estructura dentro del esquema de seguridad nacional que tendrá a su cargo el control de fronteras, los ingresos al país y el refuerzo de las deportaciones de extranjeros que cometan delitos. El organismo será encabezado por el exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y funcionará de manera autónoma, sin reemplazar a la Dirección Nacional de Migraciones.
El rumbo adoptado por el Ejecutivo fue comparado por analistas y organizaciones sociales con políticas implementadas durante la gestión de Donald Trump en Estados Unidos, donde los operativos masivos de control migratorio generaron fuertes cuestionamientos y denuncias por violaciones a los derechos humanos. En ese país, recientes protestas en ciudades como Minneapolis expusieron el rechazo social a prácticas consideradas abusivas por amplios sectores.
Desde el Gobierno argentino sostienen que los controles buscan “poner orden” en un sistema que, aseguran, estuvo durante años sin una fiscalización efectiva. Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre seguridad, derechos y política migratoria vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.
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