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Los abogados de la expresidenta presentaron un estudio de un perito que indica que el monto a decomisar en el marco de la Causa Vialidad es de 42 mil millones de pesos en lugar de los 684 mil millones que habían fijado los contadores de la Corte .
Luego de que los peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia fijaran en 684 mil millones de pesos el monto a decomisar a los condenados por la Causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner, una de las sentenciadas, presentó a través de su defensa un nuevo cálculo que indica que el monto debe ser 42 mil millones de pesos, es decir, el 6% del valor original.
La nueva cifra surgió de un estudio realizado por el perito de parte de la expresidenta, el contador público José Lucas Gaincerain, quien aplicó un cálculo distinto al de los especialistas del máximo tribunal. Los peritos de la Corte Suprema utilizaron el índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
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Así, los 85 mil millones de pesos que había fijado el Tribunal Oral Federal 2 en su veredicto de diciembre de 2022 se actualizaron a 684 mil millones por la inflación desde entonces a mayo pasado. El especialista de la también exvicepresidenta, en cambio, tomó el monto que estableció la Justicia al momento de los hechos y le aplicó la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
“De conformidad con la metodología utilizada, el monto de decomiso actualizado al 10 de julio de 2025 arroja la suma de $42.494.357.845,17″, concluyó el perito de parte en su presentación. La diferencia entre lo que establecieron los peritos oficiales y el de Cristina Kirchner deberá ser resuelto por el Tribunal Oral para determinar qué monto es el que deben devolver. Inclusive, los jueces tienen también un dictamen de los peritos de la Fiscalía con distintos montos.
Cuando eso quedé definido, los nueve condenados en el caso tendrán 10 días hábiles para devolver el dinero. Sino lo hacen se rematarán los bienes a su nombre hasta llegar a esa cifra. Pero el dictamen de la defensa de la expresidenta abre la posibilidad que esa discusión se judicialice.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por las irregularidades en la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. También fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas, José López, el exdirector de Vialidad Nacional, Nelson Periotti y cinco exfuncionarios de Santa Cruz. Luego del dictamen final de la Corte Suprema, la expresidenta cumple la condena en prisión domiciliaria.
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Los jueces establecieron en 85 mil millones de pesos el monto de la defraudación actualizada de cuando fueron los hechos a la fecha del veredicto. Cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas, el tribunal pidió una nueva actualización del monto.
Los peritos contadores del máximo tribunal utilizaron el índice de inflación, que es el que se había aplicado cuando se dictó el veredicto. Así, el monto actual del decomiso que los especialistas presentaron la semana pasada es de 684.990.350.139,86 de pesos, que serían cerca de 537 millones de dólares al cambio actual.
El perito de la expresidenta presentó además un trabajo de 11 páginas en el que sostuvo que el Tribunal Oral no había fijado qué parámetro se debía utilizar para hacer la actualización. También expresó que a su criterio la actualización se debe hacer “desde la fecha de adjudicación de cada una de las obras bajo análisis”. Esos montos datan de 2003 a 2015 cuando se otorgaron las trabajos.
“Ante la falta de certeza he procedido a realizar el cálculo mediante un método y parámetro distinto a los fines de que el tribunal resuelva en definitiva lo que crea corresponde”, sostuvo el perito de Cristina Kirchner. Ese método fue la tasa pasiva promedio del BCRA. “Esto es, el rendimiento que habría arrojado el depósito de los fondos en una institución bancaria”, explicó y agregó que esa metodología fue avalada por la Justicia en otras causas de la expresidenta.
Pedido de los fiscales
Tras la actualización del monto del decomiso, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola le pidieron al Tribunal Oral medidas para “resguardar la efectiva ejecución del decomiso”. El planteo se hizo luego que detectaron una maniobra que podría entorpecer el decomiso de bienes.
Concretamente los fiscales señalaron que el 24 de junio a Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, lo fue a visitar a la cárcel federal de Ríos Gallegos para que firme una serie de documentos vinculados a sus propiedades del empresario. El Servicio Penitenciario le prohibió el ingreso e informó la situación a la Justicia.
La defensa de Báez explicó que eran documentos de designación de abogados. Frente a eso, los fiscales entendieron que se deben tomar “ciertas medidas para evitar que los imputados concretaran actos jurídicos que pudieran llegar a obstaculizar, dificultar o impedir el decomiso”. Así, Luciani y Mola le pidieron al Tribunal Oral que se actualicen y se mantengan anotadas todas las medidas cautelares dictadas en la causa, que se determinen qué bienes tiene la pareja de Báez desde 2016 a la actualidad, entre otras.
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