El juez Javier López Biscayart intervendrá en la denuncia por el envío de "material represivo" a Bolivia contra Mauricio Macri y una decena de exfuncionarios.

El juez en lo penal económico, Javier López Biscayart resultó sorteado hoy para intervenir en la denuncia que presentó ayer el Gobierno nacional contra el expresidente Mauricio Macri y una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de "material represivo" a Bolivia en noviembre de 2019.

El sorteo se realizó esta mañana en la Cámara Nacional en lo Penal Económico, fuero que interviene en la pesquisa por tratarse de un posible delito de contrabando agravado, informaron fuentes judiciales.

La denuncia aludió a los delitos de "contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, la calidad de funcionarios públicos, la participación de un funcionario aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación".

A cargo de la causa quedaron el juez López Biscayart y la fiscalía de Claudio Navas Rial.

La denuncia, a la que accedió Télam, lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.

La presentación denuncia "el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional".

Los funcionarios del Gobierno nacional afirmaron en la denuncia que el objetivo de aquel envío fue "poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales".

La carta está fechada el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que Evo Morales abandonara el país y un día después de que la vicepresidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia, Jeaninne Áñez, asumiera como presidenta interina. No se aclara, sin embargo, cuándo hizo Argentina el envío de ese material.

"El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero", se indicó en la denuncia.

El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, de acuerdo la denuncia de las autoridades bolivianas.

Esta maniobra habría contado con la participación de Macri y "Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)", según la presentación judicial.

Qué pasó en Bolivia en noviembre de 2019

Todo comenzó cuando el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), insistió en su postulación en pos de un cuarto mandato hasta 2025 a pesar del límite constitucional de dos periodos seguidos y del referendo que en 2016 le negó la posibilidad de ir a la reelección.

Pero a instancias de partidarios de Morales, en 2017 el Tribunal Constitucional avaló la reelección indefinida.

Las elecciones de 20 de octubre de 2019 tuvieron esa noche un recuento provisional de votos apuntaban a una segunda vuelta entre Morales y el expresidente Carlos Mesa. Sin embargo, la transmisión de esos datos se paró esa misma noche y al día siguiente al reanudarse hubo un repentino cambio de tendencia, que pasó a augurar un triunfo en primera ronda de Morales.

Así surgieron las primeras denuncias de un posible fraude a favor de Evo Morales, lo que derivó en protestas callejeras y huelgas. Morales llamó varias veces a sus sectores afines a defender su triunfo electoral ante las protestas ciudadanas e incluso advirtió con cercar las áreas urbanas donde había huelgas.

Morales se abrió a que la Organización de Estados Americanos (OEA) hiciera una auditoría al proceso electoral, lo que rechazaron sus detractores porque los términos fueron acordados sin tenerles en cuenta. Es reveló irregularidades "muy graves" en las elecciones bolivianas, como una importante manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados, por lo que instó a nuevos comicios.

Morales salió aquel día primero a ofrecer nuevas elecciones y una renovación en el órgano electoral, pero luego de que las Fuerzas Armadas y la Policía le "sugiriesen" que renuncie para pacificar el país, terminó anunciando su dimisión y denunciando un golpe de Estado para derrocarlo.

El país se sumió en un caos mayor, pues esa misma noche salieron grupos vandálicos a saquear, apedrear e incendiar unidades policiales y viviendas en varias ciudades. En medio de la crisis y sin nadie que reclamase la Presidencia, la Policía pidió apoyo a las Fuerza Armadas al verse rebasada.

Evo Morales llegó a México el 12 de noviembre como asilado, quedando Bolivia con un vacío de poder pues quienes podían sucederle constitucionalmente también habían renunciado.

Esa misma tarde la hasta entonces senadora opositora Jeanine Áñez, en calidad de segunda vicepresidenta del Senado, asumió la Presidencia interina de Bolivia al activar el mecanismo sucesorio.

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Con información de Télam y EFE.

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