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El fiscal Guillermo Marijuan impulsó una causa por presuntas irregularidades en el sistema de multas, con convenios que habrían evitado licitaciones y desviado fondos millonarios.
El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una denuncia penal por una presunta estructura de corrupción, lavado de dinero y pago de coimas en el sistema de fotomultas, con foco en el empresario Leandro Camani y el ministrode transporte bonaerense Martín Marinucci.
La presentación judicial describe un entramado que habría operado a través de convenios con universidades públicas para evitar procesos de licitación y concentrar la recaudación de multas en distintas jurisdicciones, con un esquema que, según el fiscal, permitió desviar millones de pesos.
La causa se originó en la Investigación Preliminar N° 141 iniciada en enero y apunta a Camani como presunto organizador de la maniobra mediante las firmas "Secutrans S.A." y "Tránsito Seguro S.A.", que suscribían acuerdos con instituciones académicas.
De acuerdo al dictamen, el objetivo del esquema sería “lavar dinero para poder pagarles coimas a los funcionarios públicos” a cambio del control del sistema de fotomultas, según consta en el escrito presentado ante la Justicia.
En ese circuito, la Universidad Nacional de San Martín y su fundación FUNINTEC aparecen como intermediarias, a través de convenios de asistencia técnica con municipios bonaerenses que luego delegaban la operatoria en la fundación, la cual subcontrataba a las empresas vinculadas a Camani.
El esquema contemplaba una distribución del 70% de lo recaudado para la estructura universidad-empresa y un 30% para los municipios, lo que, según la acusación, facilitaba el desvío de fondos. Como ejemplo, se menciona que La Matanza transfirió más de 3.758 millones de pesos a FUNINTEC entre enero y septiembre de 2024.
La denuncia que pone en foco a Leandro Camani y a Martín Marinucci, entre otros.
La denuncia también sostiene que parte de esos recursos se canalizaba mediante facturación apócrifa a través de empresas fantasma o monotributistas, con el objetivo de concretar pagos ilegales a funcionarios involucrados en el circuito.
El escrito señala además una presunta connivencia de funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Secretaría de Transporte de la Nación y áreas del gobierno bonaerense, e incluye a Marinucci en una posible asociación ilícita junto a Camani y Diego Alfredo Lepera.
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En la causa también aparece mencionado Diego Kampel, secretario de Extensión de la UNSAM, señalado como un nexo clave para facilitar los contratos dentro de la universidad y articular los convenios con los municipios.
Finalmente, Marijuan solicitó medidas de prueba al juez federal, entre ellas informes patrimoniales a la ARCA, reportes a la UIF y posibles allanamientos en la UNSAM y FUNINTEC para secuestrar documentación. La causa podría unificarse con otros expedientes en la justicia federal de Tres de Febrero que investigan irregularidades en al menos once municipios bonaerenses.
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