Política
Tras el anuncio de la presidenta Cristina Fernández, se conocieron los alcances del proyecto que ingresará al Congreso para su aprobación durante el llamado a sesiones extraordinarias.
La creación de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI), impulsada junto con la disolución de la ex SIDE por la presidenta Cristina Fernández, contempla un nuevo paradigma para estos organismos, en el que se destacan que la designación de sus directores requerirá acuerdo del Congreso; que el sistema de escuchas se trasladará al Ministerio Público Fiscal; y en establecer penalidades para aquellos que no se comuniquen con agentes de la AFI mediante canales oficiales.
De acuerdo al proyecto de ley presentado por la primera mandataria, se prevé que la AFI continúe dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, que designará a su director y subdirector; aunque ambos deberán pasar por la aprobación del Senado de la Nación.
La agencia se ocupará de las tareas de defensa frente a ataques externos o a delitos complejos por su globalización, como la trata de personas, el narcotráfico, el ciberdelito, o los delitos económicos; y las actividades de inteligencia interna quedarán limitadas a la investigación de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional.
El trabajo de la agencia será de obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y sus habitantes.
El escrito tipifica, específicamente, en qué consiste cada hecho para la prevención de amenazas internacionales provenientes del terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, los ciberdelitos y los delitos contra el orden económico y financiero, como así también toda otra forma de criminalidad organizada en forma internacional.
La AFI estará a cargo de las tareas vinculadas con las escuchas que ordenen los jueces; pero el Sistema de Observaciones Judiciales que hasta ahora estaba en el ámbito del Poder Ejecutivo será transferido a la Procuración General de la Nación.
La Presidenta explicó que dicho organismo es el único ministerio que no depende de ninguno de los tres poderes del Estado; por lo que de ahora en más todo juez o fiscal que solicite una escucha, deberá dirigirse a la Procuración.
De aprobarse, la ley propuesta por la Presidenta impone que toda relación o actuación entre la Agencia Federal de Inteligencia y funcionarios de cualquiera de los poderes públicos federales, provinciales o locales, solo podrá ser ejercida por el director general o por el subdirector.
Junto con la AFI se crearán también los bancos de protección de datos y archivos de inteligencia con la finalidad de controlar el ingreso y salida de información para garantizar su reserva constitucional y legal; y también para asegurar que todos aquellos datos que no sirvan con los fines establecidos sean destruidos.
El objetivo de dichos organismos es también garantizar que la información no sea almacenada en las bases de datos de inteligencia por razones de raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, de derechos humanos, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier otra esfera.
La ley prevé entre tres y 10 años de cárcel para aquellos que no cumplan con las disposiciones establecidas; es decir, para quienes utilicen ilegalmente cualquier tipo de datos.Te puede interesar:
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