Dónde podría vivir Cristina Kirchner en caso de cumplir con la prisión domiciliaria

El fallo, que rechazó el recurso extraordinario presentado por su defensa, dejó abierta la puerta a una posible prisión domiciliaria, amparada por la Ley 26.472, dado que la ex mandataria cumplió 72 años el pasado 19 de febrero de 2025.

Fuentes cercanas al entorno de la expresidenta analizan alternativas concretas sobre cuál podría ser el lugar donde la ex mandataria cumpliría su condena.

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Hasta el intento magnicidio, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, la dirigente residía habitualmente en su departamento del barrio porteño de Recoleta, ubicado en Juncal y Uruguay.

Desde aquel terrible episodio, alterna su estadía entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y El Calafate, en Santa Cruz, donde tiene su domicilio legal registrado.

En Capital, se instaló en un departamento antiguo del barrio de Constitución, en las inmediaciones de Avenida San Juan y la calle San José.

Esta propiedad sería la opción más probable para cumplir una eventual prisión domiciliaria. El departamento en Constitución, además de ser de perfil bajo y menos conocido, se encuentra en el mismo edificio donde reside su hija.

También se baraja la posibilidad de alquilar una casa en un barrio cerrado de la zona norte del Gran Buenos Aires. De ese modo, se vería facilitada la seguridad de la exjefa de Estado.

El fallo de la Corte Suprema

El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó cada uno de los argumentos del recurso de queja presentado por la ex mandataria y sostuvo que "el debido proceso ha sido salvaguardado" y que "la encausada obtuvo una sentencia fundada en ley".

Además, se ratificó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Corte también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita, desestimando el recurso del Ministerio Público por considerarlo "inadmisible" según el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

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Según el fallo, "las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida", y se remarcó que Cristina Kirchner "relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para intereses particulares". La condena incluye también al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López y otros ex funcionarios.

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 había sentenciado a Fernández de Kirchner por administración fraudulenta y ordenado el decomiso de $84.835 millones, al considerar probado un esquema que favoreció a las empresas de Báez durante los gobiernos kirchneristas.

La defensa de la ex presidenta planteó numerosos cuestionamientos sobre la imparcialidad del tribunal y la valoración de las pruebas, pero la Corte concluyó que esos planteos no lograron demostrar arbitrariedad ni violaciones a garantías constitucionales.

En sus fundamentos, la Corte rechazó los argumentos sobre supuesta parcialidad de los jueces y consideró que las críticas de la defensa fueron una "reedición" de argumentos ya descartados por instancias inferiores. "No resulta una refutación suficiente sostener un criterio interpretativo distinto", señalaron los ministros.

La decisión de la Corte agota las vías ordinarias de apelación, dejando firme una condena histórica que sella un capítulo central en la relación entre el poder político y la Justicia en la Argentina.