El fiscal Carlos Stornelli pidió la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina

La decisión del magistrado responde a una presentación realizada por los abogados Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff, del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación de Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD), querellantes en una causa abierta contra Maduro en la Argentina por delitos de lesa humanidad.

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La causa se inició a partir de denuncias por desapariciones forzadas, violaciones, torturas y ejecuciones, hechos que -sostienen las víctimas- fueron ordenados y ejecutados de manera sistemática por el régimen que encabeza Maduro.

Los querellantes invocan el principio de jurisdicción universal, previsto en el artículo 118 de la Constitución Nacional, para que el exmandatario sea juzgado en el país.

Stornelli planteó que, al estar Maduro bajo arresto en los Estados Unidos, se abre una vía fáctica para hacer efectiva la orden de captura internacional que la justicia argentina ya había emitido en septiembre de 2024. En este contexto, solicitó que se active “el procedimiento de extradición activa respecto de Nicolás Maduro Moros, a los fines de que sea sometido al presente proceso”.

Si el juez Ramos hace lugar al pedido de Stornelli, se librará un exhorto diplomático a los Estados Unidos, donde Maduro se encuentra actualmente para ser juzgado por delitos de narcoterrorismo.

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El fiscal recordó que “pesa un llamado de V.S. a prestar declaración indagatoria, con orden de detención vigente, todo ello en virtud de la manda de la Excma Cámara de Apelaciones del Fuero”.

En 2024, la Cámara Federal porteña ordenó la reapertura de la investigación y exhortó al juez Ramos a activar las alertas rojas de Interpol. En cumplimiento, el magistrado reenvió las circulares al organismo internacional.

En ese fallo, los camaristas afirmaron que “existen en Venezuela situaciones de violaciones a los derechos humanos que configurarían crímenes de lesa humanidad”, habilitando así la jurisdicción argentina para juzgar estos delitos cuando no existen garantías de justicia en el país de origen.