El Gobierno cambia el foco y se involucrará en el caso de Santiago Maldonado

La determinación oficial, que se va a canalizar a través del ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, cambia la calculada actitud gubernamental de deslindar la responsabilidad de la búsqueda en la justicia.

Por otro lado, abandona la cautela adoptada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, que viene negando la chance que el caso se investigue como una ‘desaparición forzada’ perpetrada por los gendarmes que participaron del operativo en la ruta 40.

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Lo cierto es que a casi un mes del hecho el oficialismo intenta, con esta movida, absorber el costo político por la desaparición de Maldonado.

El tema incluso se coló ayer por la mañana en la reunión de Gabinete que Mauricio Macri encabezó ayer en Casa Rosada: fue patente la preocupación del gobierno y se hizo manifiesta por la falta de avances en el caso, las duras críticas de la oposición por la pasividad oficial y los planteos en torno al hecho de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lo cierto es que ayer al mediodía el ministro de Justicia, Germán Garavano, se reunió con familiares del joven de 28 años y la abogada patrocinante Verónica Heredia, que habían reclamado una mayor participación del estado en el expediente.

Con todo, se estableció que Derechos Humanos, a cargo de Claudio Avruj, colabore con la querella encabezada por la familia. Y, además, el funcionario deberá pedir colaboración a la filial regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU para que se conforme ‘un grupo de expertos independientes que supervisen y colaboren con la investigación’.

‘Es bueno esto porque se comienza un camino de colaboración en conjunto entre la familia de Maldonado y el estado, algo que antes no había sucedido’, explicó, con algo de malicia, un vocero gubernamental consultado. Es que la nueva intervención oficial deja en una posición incómoda a la ministra Bullrich.

Desde los primeros días de agosto los familiares y militantes de la comunidad mapuche de Neuquén acusaron a Gendarmería por la desaparición de Maldonado: sostienen que una camioneta que participó del operativo lo ‘levantó’ y se lo llevó con destino incierto.

Para la titular de Seguridad hasta el momento no habría elementos que vinculen a Maldonado con el desalojo ni a gendarmes con una apropiación ilegal: de hecho, informó, fueron careados los agentes que intervinieron en el procedimiento en varias ocasiones y no se observaron contradicciones. Empero, ayer la querella aportó al juzgado un video que buscaría constatar la presencia del artesano oriundo de 25 de Mayo en la zona de los incidentes.

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En este marco, un funcionario involucrado en el caso argumentó ante la consulta de este diario que los resultados de los ‘careos’ que se hicieron entre los gendarmes que participaron del desalojo ya fueron enviados al juez Guido Otranto de Esquel. Respecto a la presentación del video en Seguridad, prefirió no opinar porque aún no fue analizada la cinta.

Por ahora quedó descartada la chance de que el gobierno se presente en el juzgado como querellante. Como una fuerza federal está sospechada de estar comprometida con la causa, tal vez los estrategas oficiales no quieran repetir el error del kirchnerismo que, tras la Tragedia de Once, intentó ser querellante pero esa moción fue rechazada por la justicia dada la responsabilidad de los funcionarios de Transporte del área en el hecho.

Lo cierto es que en el gobierno decidieron comprometerse más con la situación devenida de la búsqueda del joven militante de la causa mapuche. Hoy le tocará al jefe de Gabinete, Marcos Peña, defender la estrategia oficial cuando visite la Cámara de Diputados para dar su informe periódico.