El FMI señaló debilidades en los mecanismos de prevención, conflictos de interés y el funcionamiento de la Justicia, aunque aprobó un desembolso de US$ 1.050 millones para Argentina.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cuestionó la política anticorrupción del gobierno de Javier Milei y advirtió sobre deficiencias en los controles patrimoniales de los funcionarios, los mecanismos para prevenir conflictos de interés y la independencia del sistema judicial. Las observaciones fueron incluidas en la última revisión del programa con Argentina, aprobada por el Directorio del organismo.

Pese a esas críticas y al incumplimiento de la meta de acumulación de reservas del Banco Central, el FMI autorizó un nuevo desembolso de US$ 1.050 millones. En su informe, ubicó a la corrupción entre los principales desafíos pendientes y reclamó el fortalecimiento de los marcos institucionales de prevención y control.

Las observaciones quedaron reflejadas en el denominado “Box 9” del reporte técnico, donde el organismo sostuvo que los regímenes de declaraciones juradas presentan problemas de verificación, escasa transparencia, demoras en la publicación de la información y una aplicación desigual de las normas vigentes.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió en Washington con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió en Washington con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El FMI también cuestionó la regulación sobre conflictos de interés. Según el informe, las reglas actuales presentan vacíos normativos y una limitada capacidad de aplicación, lo que reduce la efectividad de los mecanismos destinados a garantizar la integridad en la función pública.

Otro de los puntos señalados fue el funcionamiento del sistema judicial. El organismo expresó preocupación por la percepción de una independencia limitada de los tribunales, la politización de algunos procesos y las demoras registradas en causas de alto impacto institucional vinculadas a funcionarios de alto rango.

En el análisis, el Fondo recordó que Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional para 2025. Además, señaló que distintos informes internacionales sobre clima de inversión continúan identificando problemas estructurales relacionados con la transparencia y la gobernanza.

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Las observaciones coinciden con decisiones recientes del Gobierno, entre ellas la extensión hasta el 31 de julio del plazo para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales. Entre los funcionarios que aún no habían completado ese trámite figura el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de cuestionamientos vinculados a la declaración de bienes.

Más allá de los aspectos institucionales, el FMI advirtió sobre riesgos en el sistema financiero. El organismo alertó por el aumento de la morosidad, especialmente en los créditos al consumo, y por la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo. En ese contexto, destacó la necesidad de reforzar la supervisión sobre entidades no bancarias y señaló que la morosidad de los hogares alcanzó el 11,5% en marzo, un nivel cuatro veces superior al registrado en el mismo mes del año pasado.

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