Con la facultad que tiene el Ministerio de Trabajo, las medidas pudieron darse por "incumplimiento de intimaciones" o cuando se haya "comprobado que incurrieron en graves irregularidades administrativas"

Un total de 23 asociaciones sindicales fueron intervenidas desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, entre las que se incluyen algunos sindicatos cuyos secretarios generales fueron detenidos por estar presuntamente involucrados con hechos de corrupción.

Según precisó el Ministerio de Producción y Trabajo ante un pedido de acceso a información pública realizado por NA, 23 intervenciones se llevaron a cabo a distintos sindicatos desde el 10 de diciembre de 2015.

De acuerdo al artículo 56 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, el Ministerio de Trabajo está facultado a "peticionar en sede judicial la suspensión o cancelación de una personería gremial o la intervención de una asociación sindical".

Entre las razones que pueden llevar a que se decida una intervención, la legislación vigente establece que puede ser por "incumplimiento de intimaciones" o cuando se haya "comprobado que en las asociaciones se ha incurrido en graves irregularidades administrativas".

Uno de los ejemplos más destacados fue el del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que estuvo liderado por Omar "Caballo" Suárez desde 1989 hasta 2016: en septiembre de ese último año, el sindicalista fue detenido en el marco de una causa por presunta asociación ilícita, administración fraudulenta y coacción al entorpecer el tránsito de vías navegables.

El expediente por el que fue encarcelado Suárez es el mismo por el que se dispuso la intervención, ya que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral apuntaba a que cesara la comisión del delito que, a su entender, se realizaba desde el propio SOMU.

En marzo de 2018, el magistrado dio por finalizado el proceso en el sindicato y Raúl Durdos quedó al frente de la entidad gremial tras haberse consagrado en las elecciones internas.

Durante esos casi dos años, el SOMU fue foco de una polémica cuando una empleada doméstica del entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue designada para formar parte de la intervención.

Un caso similar es el del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad (Soeme), conducido por Marcelo Balcedo desde 2012.

El sindicalista, que también se desempeñaba como empresario mediático en la ciudad de La Plata, fue detenido en enero de 2018 en Uruguay por presunta evasión fiscal y lavado de dinero: cuando se realizó el allanamiento a su mansión oriental, se secuestraron gran cantidad de dólares en efectivo, armas, autos de lujo, así como también se pudieron conocer algunos detalles de su extravagante vida, como el zoológico privado que tenía.

Escasos días más tarde, el juez federal Ernesto Kreplak ordenó la intervención, ya que sospechaba que la lujosa vida de Balcedo tenía como origen una defraudación al gremio.

En agosto próximo, el Soeme realizará los comicios internos para empezar a finalizar el proceso de intervención.

Otro de los gremios intervenidos fue el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (Sivendia), conducido por Omar Plaini: supuestas irregularidades en las elecciones internas de 2013 fueron la razón esgrimida por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. A diferencia del caso del SOMU, la intervención del Sindicato de Canillitas duró tan solo cuarenta días.

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