Devaluación mediante, todo mandatario provincial que traspasa los despachos de la Casa Rosada escucha la misma respuesta: "Plata no hay". Saben que ahora serán socios del Poder Ejecutivo en la continuidad de las obras públicas, único motor que evitará ingresar en la tan temida etapa de la recesión.

En las entrañas del poder ya no se oculta que se viene un semestre difícil, fruto de la brusca devaluación que este año hará disparar la inflación con salarios a la baja y, por lo tanto, en el Ejecutivo negocian con propios y ajenos gobernabilidad, sancionar un Presupuesto 2019 que se adapte a la nueva coyuntura y continuar, como sea, con la obra pública para así opacar la ‘épica del ajuste’ con la que empieza a asimilarse a la administración de Cambiemos.

Un estrecho colaborador de Mauricio Macri admitía esta semana, al atravesar presuroso el Patio de las Palmeras, que la economía recién se va a armonizar en ‘dos años’, es decir, hacia 2020 cuando, aclaró entre risas, ‘estemos en el primer año de nuestro segundo mandato’

Es que para ese año, según lo previsto por el Pacto Fiscal, se alcanzaría un equilibrio en el déficit en Nación y las provincias y en los subsidios girados por el Tesoro para abaratar los costos del transporte metropolitano en detrimento de lo que ocurre en el interior, por ejemplo.

Justamente el dinero que la Nación dispone para fijar los boletos de los colectivos y trenes que enlazan Capital Federal con el Gran Buenos Aires es uno de los puntos en discusión entre Marcos Peña y Rogelio Frigerio, por parte del Ejecutivo, y María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, por el lado de los distritos más ricos del país.

Todos integrantes del PRO, almorzaron el viernes en Olivos para negociar, además, el traspaso de las concesiones de las eléctricas EDESUR y EDENOR desde la órbita federal. Aunque se planteó en la mesa de discusión, no será parte del plan la estatal Aysa encargada de la red de agua potable y cloacas.

En Casa Rosada explican que los créditos del BID y otros organismos internacionales para obras emblemáticas como el Sistema Riachuelo, con la fastuosa tuneladora que comenzó a cavar en Dock Sud para llegar con cloacas a zonas postergadas del conurbano, hacen imposible que esta firma pase a jurisdicción bonaerense y porteña. Iría a contramano de una política oficial de ampliar la cobertura de Nación de este servicio esencial, fundamental bajo la óptica electoral, que ha incorporado distritos antes operados por cooperativas locales: el 2 de julio pasado, por ejemplo, se sumó Pilar.

Estas negociaciones tratan, en última instancia, de un gesto hacia el peronismo dialoguista que venía pidiendo que el estado federal no privilegie a los distritos más poderosos del país en detrimento del interior.

Desde hace semanas desde el ministerio del Interior vienen tejiendo puentes con los caciques provinciales para delinear el Presupuesto 2019 donde se va a materializar un ajuste impostergable según lo firmado entre el Ejecutivo y el directorio del FMI: para llegar a la meta de baja del déficit al 1,3% del PBI habrá que recortar obras en todo el territorio. Se busca, asimismo, cofinanciar con las provincias algunos de los proyectos.

Por lo tanto, explican en el oficialismo, primero hay que ‘cerrar’ acuerdos con los propios -el binomio que gobierna el AMBA-, luego con los gobernadores radicales -Alfredo Cornejo (Mendoza) o Gustavo Valdés (Corrientes), por caso-, más tarde con los opositores y al final, también con los bloques parlamentarios mayoritarios.

No causan gracia en Casa Rosada las tribulaciones íntimas de Elisa Carrió y algún otro consejero presidencial: ante la falta de acuerdo con el PJ en el Congreso, prorrogar el presupuesto actual. Sostienen que sería una pésima señal hacia el mercado y, al mismo tiempo, recordaría una práctica del kirchnerismo que en 2010 no pudo aprobar la ley de gastos e incurrió en esa estrategia.

Ese pacto con la oposición es impulsado por la mesa política devenida de la crisis cambiaria y la posterior devaluación que, por estos días, muestra al dólar oscilando entre los $ 28 y los $ 29. Desde diciembre, cuando cotizaba por arriba de los $ 20, la moneda ha perdido poco más del 45% de su valor.

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Esa devaluación es la que preanuncia un semestre recesivo, con caída del consumo y PyMEs en peligro. ‘No tenemos nada para mostrar, con la economía en picada. Por eso hay que defender la obra pública. Eso y la fragmentación del peronismo es lo único que da esperanzas rumbo a 2019’, razonaba una fuente gubernamental consultada.

Lo cierto es que como una señal de austeridad al mercado y también a la sociedad, el dueto Vidal-Rodríguez Larreta sigue insistiendo reducir a la mitad los 22 ministerios para así dar muestras claras en la reducción del gasto político. Marcos Peña rechaza esa idea: en realidad expresa la postura del propio Macri que descree de esa reforma. ‘Si se echaran todos los empleados y funcionarios del Ejecutivo, sólo se reduciría el 11% del PBI. No mueve la aguja del déficit este rubro’, justifican en el Ejecutivo.

Sí se espera para esta semana la publicación del decreto del plan ‘ingreso 0’ anunciado el 1º de junio por Nicolás Dujovne (Hacienda) y Andrés Ibarra (Modernización), que contempla congelar la planta de la administración pública nacional hasta fines de 2019, reducir un 25% el presupuesto de organismos descentralizados, restringir a ministros y secretarios los vuelos en primera clase, achicar la flota automotor gubernamental y eliminar desde el año próximo los contratos que se pagan vía universidades (hoy hay 6060 y sólo quedarían la mitad, mediante otras formas de contratación, a partir del 1º de enero).

En este marco, el gobierno acordó con las organizaciones sociales un aumento escalonado de $ 500 en los planes hasta llegar a los $ 6.000 en diciembre próximo y la promesa de aumentar los cupos en los comedores y merenderos. Sin embargo, algunos de los dirigentes sociales consideraron insuficiente la propuesta y anunciaron que el jueves próximo realizarán la semana próxima ollas populares frente a los supermercados.

Pese a la tensión con la Iglesia por el debate por el aborto, el encuentro tuvo participación eclesiástica: estuvieron Fernando Maletti, obispo de Merlo-Moreno, y el sacerdote Marcelo Mangiotti, cercano a la Pastoral Social. En el gobierno sostienen que nunca cortaron el diálogo pese a las tensiones con los denominados grupos de trabajadores de la economía popular. Con la Iglesia, en cambio, los puentes de diálogo están severamente deteriorados. Desde Roma, Francisco observa en silencio -los que lo conocen dicen que así expresa su malestar cuando algo no le gusta- el mediático debate para la interrupción voluntaria del embarazo.

Los grupos de desocupados advierten que se trata de un paliativo, que lo que está mal es el modelo económico. Esteban Castro, de la CTEP puso como ejemplo el fracaso del programa Empalme con el que el Ejecutivo buscó integrar a los beneficiarios de planes en trabajos formales. ‘Ese programa fue un fracaso total: si las empresas ahora no sólo no contratan sino que echan gente’, apuntó.

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Las tensiones dentro de la alianza parlamentaria Cambiemos se evidenciaron con el mediático cruce entre Elisa Carrió y la cúpula de la UCR referenciada en el gobernador mendocino Cornejo. Son, a la postre, coletazos de la crisis económica que se traslada invariablemente a la política.

Otro foco de tensión evidenciado esta semana es el malestar de las Fuerzas Armadas con Defensa por el nimio ajuste salarial anunciado el martes que dejó en peores condiciones a los altos cargos (capitán de fragata, en el caso de la Armada, teniente coronel, en Ejército, y vicecomodoro, en la Fuerza Aérea). A las críticas castrenses, se sumaron la amenaza del pedido de innumerables pases a retiro y eventuales demandas judiciales de uniformados molestos por el destrato. Ahora el ministro Oscar Aguad negocia con Hacienda un ajuste del 15%, similar porcentaje al otorgado a las fuerzas de seguridad como Gendarmería. Este conflicto se produce en momentos en que el gobierno quiere enviar a militares a las fronteras a ‘cumplir tareas de gendarmes’ en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando.

La sospechosa cancelación del desfile militar -’por razones presupuestarias’, esgrimió Aguad, esta semana blanco de nuevas versiones sobre su posible salida del gobierno- obligó a organizar una parada militar en Tucumán el próximo lunes, en ocasión del acto central por el Día de la Independencia, al que finalmente asistirá el presidente.

Mientras tanto, continúa el acampe frente a la reja que separa la Plaza de Mayo de los familiares de los marinos del desaparecido submarino ARA San Juan, quejosos por las excusas de Aguad por una nueva cancelación de la búsqueda y las demoras en la adjudicación a una empresa que pueda rastrillar en las profundidades del océano.

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