El PRO le reclamó a Adorni explicaciones por su patrimonio

La legisladora porteña Laura Alonso fue una de las dirigentes que tomó distancia y pidió que el caso tenga un rápido esclarecimiento. Según planteó, la sociedad necesita respuestas concretas y la situación debe resolverse para evitar consecuencias sobre el funcionamiento del Gobierno.

ADEMÁS: El mensaje de Villarruel por no haber sido invitada al Tedeum del 25 de Mayo

“La gente necesita explicaciones claras”, sostuvo la dirigente, quien además consideró necesario que la administración nacional pueda continuar su gestión “sin sobresaltos”.

Al mismo tiempo, Alonso cuestionó las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza y advirtió que las disputas entre distintos sectores del oficialismo terminan desviando la atención sobre cuestiones centrales.

En ese marco, hizo referencia a las diferencias que se adjudican a espacios cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor presidencial Santiago Caputo, y alertó que esas disputas “afectan” la gestión y pueden poner en riesgo los resultados que el Gobierno intenta consolidar.

Bajar la confrontación

La dirigente también llamó a reducir el nivel de confrontación política y expresó preocupación por la posibilidad de que la oposición aproveche la situación.

Según señaló días atrás, el kirchnerismo podría utilizar esas debilidades para intentar desgastar al oficialismo y obstaculizar el rumbo político que, según consideró, comparten tanto el PRO como La Libertad Avanza.

"Que Adorni vaya a la Justicia"

Hubo más voces aliadas que pidieron que las explicaciones se den en el ámbito judicial. El senador nacional Luis Juez sostuvo que será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades.

“Que Adorni vaya a la Justicia, que acredite su honorabilidad y si no la puede acreditar es un problema de él. Yo no tengo por qué hacerme cargo”, afirmó.

El senador planteó que la discusión política quedó concentrada en un solo eje y elípticamente también aludió al Gobierno de Javier Milei.

“Noto que nos hemos encerrado como el perro que se quiere morder la cola. Y han pasado un montón de cosas en la Argentina”, afirmó.

En esa línea, pidió retomar temas vinculados a la actividad económica y la inversión. Mencionó, por ejemplo, reuniones con empresarios en Córdoba y oportunidades que, según su visión, no pudieron ser aprovechadas en el debate público.

“Cuando arrancó este quilombo, en Córdoba había tenido una reunión con empresarios importantes que venían enloquecidos. No pudimos aprovechar nada de eso, hablar de nada de esto”, señaló. Se refería al reconocimiento que la empresa Tubos Trans Electric había obtenido en Estados Unidos.

El senador, que se define como "aliado" del Gobierno nacional, advirtió sobre el riesgo de que la discusión política derive en un clima de desgaste institucional.

“La gente está con preocupación porque entiende que aprovechan un montón de miserables para volver a enderezarse. Porque el discurso no sale de ahí. La gente quiere otra cosa”, expresó en referencia al kirchnerismo.

Juez aclaró su posicionamiento dentro del escenario político. “Yo no soy de La Libertad Avanza, soy un aliado. Y si lo acompaño al presidente es porque creo que hay que construir otra cosa”, afirmó.

También advirtió sobre los estándares que la sociedad exige a la dirigencia. “A nosotros la gente no nos va a tolerar ni la más mínima sospecha”, sostuvo, al tiempo que cuestionó prácticas políticas del pasado con Cristina Fernández.

¿Indagatoria?

Mientras tanto, la causa judicial continúa avanzando en Comodoro Py. El juez federal Ariel Lijo aguarda el resultado de una serie de medidas de prueba impulsadas junto al fiscal Gerardo Pollicita para definir si convoca a Adorni a prestar declaración indagatoria.

Dentro de los tribunales consideran que una eventual citación implicaría un salto importante en el expediente, ya que supondría la existencia de elementos suficientes para profundizar las sospechas sobre una posible irregularidad.

La investigación gira principalmente alrededor del vínculo entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandio, propietario de la productora Imhouse, firma que mantiene contratos con la TV Pública.

Uno de los puntos bajo análisis es un viaje realizado por el funcionario junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval.

Aunque Adorni sostuvo públicamente que el traslado fue afrontado con recursos propios, distintas pruebas incorporadas a la causa contradicen esa explicación.

El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró que el vuelo fue reservado y pagado por Grandio y que la facturación correspondiente fue emitida a través de Imhouse.

“El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio”, sostuvo el testigo ante la Justicia.

Los investigadores además ordenaron cruces telefónicos y análisis de geolocalización entre los teléfonos de Adorni, Grandio y Horacio Silva, socio fundador de la productora, con el objetivo de reconstruir contactos y posibles vínculos operativos relacionados con contratos celebrados con medios estatales.

La causa también puso el foco sobre el patrimonio personal del funcionario. Entre los aspectos investigados figura una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, cuya compra y posterior remodelación despertaron sospechas sobre el origen de los fondos utilizados.

Según consta en el expediente, la vivienda habría sido adquirida por unos 120.000 dólares y posteriormente habría recibido remodelaciones y equipamiento por aproximadamente 245.000 dólares.

Además, los investigadores analizan la posible utilización de recursos públicos para tareas de custodia privada, a partir de una presunta participación de efectivos de Gendarmería en la seguridad del barrio cerrado donde reside el funcionario.