En medio de la polémica por la vigencia de los fueros legislativos, vale la pena recordar los casos registrados desde el 83 a la fecha. Sólo dos veces se procedió al mecanismo del desafuero.

El caso De Vido ha puesto en el candelero nuevamente un tema que recurrentemente genera polémica en la política argentina: los fueros legislativos.

Y pese a que vuelve una y otra vez, son más los gestos ampulosos que se hacen, que medidas concretas las que se toman. En efecto, ante ciertos disparadores se generan declaraciones y presentaciones de todo tipo, pero el tema que tanto parece preocupar a la clase política no sufre modificación alguna.

En el paroxismo de la sobreactuación, periódicamente se sugiere la eliminación de ese privilegio, mostrando un inquietante desconocimiento de las normas, habida cuenta de que es la Constitución nacional la que lo establece, dicho lo cual, si se desea eliminarlos habrá que reformar la Carta Magna. A ver si se animan.

Son tres los artículos en los que se habla de los fueros. En el 68 se los presenta en sociedad, aclarando que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”.

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Esto es, resulta claro que la norma no ampara a los legisladores que delinquen, sino que se circunscribe estrictamente a lo que digan u opinen durante sus mandatos. Y en el artículo siguiente se establece otra aclaración: “Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen (...); de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”. Es lo que dio pie en este caso en que un fiscal de la Nación pidió la detención de uno de los miembros del Congreso, a imaginar la necesidad de disponer su desafuero.

En cuyo caso, amerita el tercer artículo en cuestión, el 70, que precisa que “cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento”.

La Constitución es muy clara, pero así y todo existe una ley nacional que rige los alcances de los fueros, pues ya se sabe que las interpretaciones constitucionales suelen ser demasiado amplias, por lo que en determinadas circunstancias se deben dar precisiones legales que no dejen lugar a dudas. Y así llegamos a la Ley 25.320, que estableció un nuevo Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados, sancionada el 8 de septiembre del año 2000 y promulgada por el gobierno de Fernando de la Rúa cuatro días después.

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Como se ve, había cierta prisa por poner en marcha esa norma pues hasta entonces la ley vigente amparaba a los legisladores a eludir a los jueces. ¿Cuál fue el disparador de entonces? Nada menos que los sobornos del Senado, menuda cuestión.

El juez a cargo de la investigación, Carlos Liporace, reclamaba el desafuero de once senadores nacionales que entonces se resistían a despojarse de los mismos y conforme crecía el escándalo el Congreso no pudo más que modificar la ley para facilitar el accionar de la Justicia. Convengamos que entonces el magistrado no pretendía detener a nadie, sino simplemente quería interrogarlos, cosa que la legislación impedía.

El Congreso le dio vueltas al asunto desde abril hasta septiembre, cuando finalmente no pudo más que convertir el proyecto en ley en una jornada maratónica que se inició el jueves 7 de septiembre en Diputados y concluyó alrededor de las 4 de la madrugada con la ley aprobada en el Senado, que era donde estaban los legisladores para los que se estaba reformando la legislación...

En ambas cámaras se aprobó con mayorías holgadas y a partir de entonces se estableció que la necesidad del desafuero existe solo para el caso de que el juez libre una orden de arresto.

En Diputados se aprobó por 207 votos a favor, 5 en contra y dos abstenciones. Una de esas dos abstenciones fue nada menos que de la entonces diputada nacional por Santa Cruz Cristina Fernández de Kirchner.

“Estoy de acuerdo con la ley, pero voy a abstenerme de votar porque es sólo un parche, porque promueve una solución jurídica a un problema que es político, como es el escándalo del Senado”, afirmó en su extensa argumentación Cristina, que recordó haber sido una de las impulsoras del proyecto en consideración. Pero para ella, el abordaje de ese problema exigía una “correcta caracterización” y su aprobación parecía apuntar a “un pacto de necesidad y urgencia y a cambio de esto el Senado trata (las leyes de) antievasión y emergencia económica”.

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Miembro informante del oficialismo fue ese día Elisa Carrió, en su condición de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien se mostró confiada en que la aprobación significaría “un enorme avance para la búsqueda de la justicia y de la verdad”. Y ante los reparos de Cristina, recordó que “estamos juntas en muchas cosas y hemos impulsado este proyecto, y no quisiera que quedáramos confundidos aquellos que militamos por estas causas de una manera lineal, inequívoca, durante tanto tiempo”. En su discurso, Carrió le salió al cruce, pero aclaró sobre Cristina que la apreciaba “porque la conozco”. Otros tiempos.

Cuando la última semana se desató una fiebre para “renunciar a los fueros”, picó en punta Sergio Massa, quien entre otras cosas dijo que era mentira que no hubiera antecedentes, y citó el caso de Eduardo Angeloz, que pudo renunciar a ese privilegio.

Ese caso amerita una aclaración. Sucedió en 1996, y como acabamos de ver por la reforma de la Ley de Fueros en el año 2000, hasta entonces los legisladores estaban blindados para toda acción judicial. Acusado en febrero de 1996 por el fiscal Carlos Ferrer por lo que se conoció popularmente como el “megaproceso del Banco Social”, fue el propio ex gobernador radical -por entonces senador nacional- quien pidió al presidente del Senado, Carlos Ruckauf, su desafuero para que la Cámara alta dispusiera “las medidas que estime pertinente”.

En rigor, lo que hizo fue anticiparse al desafuero que requería el reclamo judicial, pero entonces se generó una polémica en la Cámara alta. Como siempre, allí el bloque del PJ tenía la última palabra por ser mayoría, aunque presentaba diferentes criterios, pero finalmente se le quitaron por completo los fueros para ser juzgado. Durante ese tiempo que se extendió varios meses, Angeloz debió dejar el Senado.

El caso más recordado y contundente fue el del diputado nacional catamarqueño Angel Luque (PJ), quien no fue desaforado, sino directamente expulsado de la Cámara baja, acusado de “indignidad moral”. Su hijo Guillermo era uno de los acusados del crimen de María Soledad Morales ocurrido en 1990, y en el marco de un reportaje acusó al juez de la causa, José Luis Vengimiglia, de haber recibido 250 mil dólares para encarcelar a su hijo, pero además dio una peculiar argumentación de defensa que terminó costándole la carrera, al señalar que tenía suficiente poder como para hacer desaparecer el cadáver si su hijo hubiera sido el verdadero asesino. La Cámara de Diputados lo expulsó en 1991.

Ese caso fue utilizado como antecedente en 1999, cuando la Cámara de Diputados impidió la asunción de Antonio Domingo Bussi, acusado por su participación en la dictadura y también de haber ocultado una cuenta bancaria en Suiza.

Al que sí desaforaron de manera contundente los diputados fue al ex subcomisario Luis Patti. Fue el 24 de abril de 2005, cuando tras un debate de más de siete horas se aprobó en Diputados su desafuero solicitado por el juez Alberto Suárez Araujo en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad.

En rigor, Patti era diputado electo, pero no le habían permitido jurar, por lo que algunos sostenían que para poder desaforarlo debían primero autorizar su juramento. El desafuero fue aprobado por 196 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones.

Tampoco pudo sentarse nunca en su banca el ex gobernador Raúl “Tato” Romero Feris, elegido senador nacional por Corrientes, al que directamente la Cámara Nacional Electoral impidió asumir en 2003 por “incompatibilidad ética”, a raíz de causas judiciales pendientes.

Otro caso sucedió en 2002 con la diputada peronista Norma Ancari de Godoy, denunciada por el programa de televisión “Punto Doc”, que exhibió imágenes captadas con una cámara oculta que mostraban a la legisladora amenazando a un productor de ese envío televisivo con que iba a “matarlo a itakazos”. Esa investigación periodística versaba sobre el destino de ATN a fundaciones de discapacitados. Asediada en el Congreso, la diputada evitó su expulsión renunciando el 9 de abril de 2002, cuando ya la Comisión de Asuntos Constitucionales, que presidía Juan Manuel Urtubey, había aconsejado su expulsión “por desórdenes de conducta”.

Un caso menos recordado pero contundente fue el del senador puntano Raúl Ochoa, condenado en 2005 a dos años de prisión en suspenso y 9 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por haber votado dos veces en una elección. La Cámara alta, más propensa a proteger a sus miembros, no procedió a su desafuero y lo dejó concluir su mandato, a fines de ese año.

Es ni más ni menos que lo que sucede con el ex presidente Carlos Menem, condenado por tráfico de armas, aunque sin condena firme, que este año irá por un tercer mandato como senador. La re-re que no pudo conseguir como presidente, y que ahora le servirá para mantenerse en libertad.

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