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El proyecto amplía el Régimen Simplificado de Ganancias, fija nuevos criterios para las discrepancias fiscales y extiende hasta 2027 el plazo para exteriorizar ahorros.
La Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno que busca modificar las reglas para los contribuyentes y generar mayores incentivos para que los dólares que permanecen fuera del sistema financiero ingresen a la economía formal.
El proyecto modifica la normativa vigente y amplía el alcance del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias (RSG). Además, establece nuevos parámetros para determinar cuándo una diferencia entre lo declarado y la información que posee ARCA puede ser considerada significativa.
La iniciativa ahora deberá ser analizada por el Senado. El Gobierno apuesta a que las nuevas reglas otorguen mayor seguridad jurídica a quienes decidan utilizar ahorros que permanecieron durante años fuera del sistema formal.
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Más contribuyentes podrán acceder al régimen
Uno de los principales cambios consiste en ampliar el universo de personas que pueden adherir al Régimen Simplificado de Ganancias. El proyecto establece que podrán hacerlo las personas humanas y las sucesiones indivisas residentes en el país, eliminando los actuales límites vinculados con ingresos y patrimonio.
Hasta ahora, quedaban excluidos quienes habían registrado durante alguno de los últimos tres años ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones.
Sin embargo, los grandes contribuyentes tendrán una limitación: podrán ingresar al régimen simplificado, pero no acceder a algunos de los beneficios adicionales previstos, como la presunción de exactitud y el denominado tapón fiscal.
El objetivo es que más personas puedan utilizar un mecanismo simplificado para cumplir con sus obligaciones tributarias, mientras ARCA mantiene sus facultades de fiscalización sobre los contribuyentes de mayor relevancia económica.
Qué pasa con las diferencias detectadas por ARCA
Otro punto central es el cambio en la definición de una “discrepancia significativa”. Se trata de uno de los aspectos que más preocupación generaba entre contadores y contribuyentes.
La nueva propuesta establece que una diferencia será relevante cuando implique un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo informado por el contribuyente.
A ese porcentaje se suma un límite de $5 millones. De esta manera, cuando la diferencia no supere ese monto, no se considerará una discrepancia significativa bajo las condiciones previstas por el proyecto.
La modificación apunta a evitar que pequeñas diferencias terminen generando inspecciones o cuestionamientos fiscales de mayor alcance. En caso de que ARCA determine una diferencia superior al límite establecido, el contribuyente tendrá la posibilidad de regularizar su situación.
Una oportunidad para conservar los beneficios
El proyecto también contempla un mecanismo para que, aun cuando ARCA detecte una discrepancia, el contribuyente pueda conservar los beneficios del régimen.
Para eso deberá aceptar la determinación de oficio o la liquidación administrativa dentro de los 15 días posteriores a la notificación y pagar el impuesto correspondiente junto con sus accesorios.
Otro cambio relevante es que la diferencia se calculará sobre el impuesto determinado y no sobre el saldo final a pagar. Según especialistas tributarios, esta modificación busca evitar que la metodología termine perjudicando a contribuyentes que cumplen regularmente con sus obligaciones.
Además, quienes utilicen los mecanismos habilitados para incorporar los llamados “dólares del colchón” deberán reflejar esos fondos en la última declaración correspondiente de Bienes Personales, de acuerdo con las condiciones establecidas.
Hasta cuándo se podrán aprovechar los beneficios
El proyecto establece que los beneficios vinculados con el tapón fiscal y la presunción de exactitud podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2027.
La fecha coincide con el final del actual mandato presidencial y funciona, además, como un incentivo temporal para que los contribuyentes decidan formalizar sus ahorros.
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El Gobierno busca de esta manera que una parte de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero pueda ingresar al circuito formal. Las estimaciones oficiales hablan de alrededor de USD 170.000 millones guardados fuera del sistema.
Menores multas para las PyMEs
Durante el tratamiento en Diputados también se incorporó una modificación que beneficia a las pequeñas y medianas empresas.
El texto aprobado contempla una reducción del 25% en las multas por infracciones formales para las PyMEs. La medida quedó incorporada entre los cambios que recibió la iniciativa antes de obtener la media sanción.
El proyecto deberá ahora atravesar el debate en el Senado. Si finalmente se convierte en ley, el Gobierno espera que el nuevo esquema contribuya a formalizar ahorros y, al mismo tiempo, reduzca la incertidumbre de los contribuyentes frente a eventuales controles fiscales.
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