Obtuvo 43 votos a favor, en una sesión en la que además se aprobaron los pliegos de Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. Narcocriminalidad, violencia de género y derecho contravencional y de faltas, los ejes propuestos por el fiscal

Juan Bautista Mahiques fue designado como Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, al recibir 43 votos a favor, por lo que ocupará el cargo los próximos siete años, en reemplazo de Martín Ocampo, quien renunció al cargo. Durante la misma sesión, la Legislatura porteña también aprobó los pliegos de designación de Marcela De Langhe y Santiago Otamendi para las vacantes existentes en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires.

El oficialismo necesitó del acompañamiento de Evolución -la bancada que responde a Martín Lousteau-, GEN y Mejor Ciudad para conseguir 41 votos en el caso de Otamendi, mientras que sumó dos votos adicionales del Partido Socialista para las designaciones de De Langhe y Mahiques, llegando a 43 adhesiones.

"Los tres ejes fundamentales de los primeros años de gestión serán narcocriminalidad, violencia de género y derecho contravencional y de faltas", expresó el flamante Fiscal General porteño, mientras precisó que va a "contribuir al desarrollo institucional de la Fiscalía" y a impulsar "las reformas necesarias para asegurar el ejercicio eficiente de las nuevas competencias asumidas", en relación a la transferencia a la órbita porteña de parte de la estructura judicial ordinaria nacional.

Compromiso

Acerca de este eje, insistió: "Quiero manifestar mi compromiso pleno con las transferencia integral de las competencias y estructuras judiciales a la jurisdicción porteña. Soy de la opinión que el traspaso definitivo solo puede lograrse con un liderazgo fuerte, dotando a los fiscales de los recursos necesarios para atender con eficacia e idoneidad los asuntos que le han sido conferidos", insistió Mahiques.

Por otra parte, afirmó que buscará "incrementar los recursos humanos y materiales disponibles, a fin de que el Ministerio Público Fiscal pueda realizar investigaciones complejas que vayan más allá de las detenciones en flagrancia y que identifique puntos de ventas de drogas en los barrios de la Ciudad".

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Con respecto a la temática de violencia de género, reveló que va a reforzar "la especialización de los magistrados a cargo de las fiscalías temáticas" y puntualizó que el objetivo será "garantizar la protección de la víctima desde su primer contacto con el sistema de justicia".

En tanto, De Langhe viene de ser jueza en la Cámara en lo Penal de la Ciudad y directora del Instituto Superior de Seguridad Pública, mientras Otamendi ocupaba la Secretaría de Justicia nacional. Ambos fueron postulados por la administración de Horacio Rodríguez Larreta, tras las vacantes generadas en diciembre de 2018 en el máximo tribunal con las sucesivas renuncias de los jueces José Osvaldo Casás y Ana Conde.

"Estoy convencido que esto va a fortalecer la justicia, que los candidatos tienen la capacitación y la jerarquía suficiente, no habiendo dudas que van a fortalecer el sistema de justicia, el acceso a la justicia, los Derechos Humanos, la independencia del Poder Judicial, el fortalecimiento de las instituciones de la república y la plena autonomía de la Ciudad en Materia Judicial", valoró Daniel Presti, diputado oficialista, presidente de la Comisión e Justicia.

Fue justamente Presti quien presentó el currículum de los candidatos, señaló que consiguieron más de 500 apoyos, a la vez que mencionó que las impugnaciones que recibieron durante el proceso fueron evaluadas y desestimadas por los integrantes de la comisión de acuerdos de la Legislatura.

Entre los dirigentes que se opusieron y abstuvieron a las designaciones, María Rosa Muiños, integrante del Bloque Peronista, dijo que se trata de "candidatos propios" del gobierno y que "si bien se reconoce la legalidad del proceso, carece de la legitimidad que requiere".

Críticas

En tal sentido, la participación de Otamendi y Mahiques como funcionarios del gobierno nacional -el segundo inclusive se desempeñó como representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura nacional- fue el centro de las principales objeciones opositoras.

Mariano Recalde (Unidad Ciudadana) calificó a Otamendi como un "militante" y recordó que, años atrás, el propio jefe de Gobierno porteño había pedido la renuncia de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó con argumentos similares.

Sobre Otamendi también cargaron los diputados del Frente de Izquierda, especialmente Gabriel Solano (Partido Obrero), quién recordó la impugnación que presentó durante el proceso de selección la agrupación Memoria Activa, afirmando que el secretario de Justicia habría incurrido en el encubrimiento de dos fiscales en la Causa AMIA, a lo que Presti respondió que la denuncia fue desestimada el año pasado por el fiscal Carlos Rívolo y el juez Luis Rodríguez.

Además de esa entidad, otras tres (ACIJ, CELS e INECIP) presentaron sus impugnaciones a Otamendi y Mahiques por su "falta de independencia política" y "falta de idoneidad profesional".

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