La jueza Silvia Garzini dispuso habilitar la feria judicial y le pidió al Ejecutivo nacional que elabore su descargo ante la solicitud de la central obrera.
La jueza nacional del Trabajo Silvia Garzini habilitó la feria judicial y le dio 72 horas el Poder Ejecutivo Nacional para emitir su informe por la acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) que pretende que se declare la invalidez del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación económica del presidente Javier Milei.
La jueza dispuso “habilitar la feria judicial” y “requerir al Poder Ejecutivo Nacional que en el plazo de 72 horas evacue el informe circunstanciado al que alude el artículo 8 de la ley 16.986”, según surge de la resolución de tres páginas.
LA CGT pretende se declare la invalidez constitucional del DNU 70/2023 porque, a su criterio, viola el principio de división de poderes y establece una reforma laboral con modificaciones “peyorativas y permanentes” en los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, nacidos de normas legales y garantizados por los tratados internacionales y la propia Constitución Nacional.
Después de cumplido el plazo fijado por la jueza, y tras analizar la admisibilidad del planteo, la magistrada estará en condiciones de dictar un fallo vinculado al reclamo de la CGT que, hasta aquí, ya consiguió el dictado de una medida cautelar que suspendió provisoriamente los efectos del capítulo laboral del DNU.
El pedido de habilitación de feria había sido formulado esta mañana a través de un escrito presentado por Héctor Daer, en su carácter del secretario General de la CGT, con el patrocinio del abogado Pablo Topet.
“Se viene a peticionar se habilite la feria judicial para el proseguir con el trámite de la acción de amparo en virtud de la importancia institucional de la causa, en razón de la representación colectiva de todos los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina, que posee la Confederación General del Trabajo conforme la Personería Gremial Nº 48 del 17/7/1948 y, por consiguiente, de los efectos generales de la sentencia definitiva que se dicte en el expediente”, se había indicado en la presentación.
El capítulo que objeta la principal representación sindical de los asalariados de la Argentina contempla, entre otras cosas, la ampliación del período de prueba hasta los ocho meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.
El titular del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja, Germán Martínez, acusó hoy al presidente Javier Milei de "extorsionar" a los diputados nacionales al insistir con la teoría de supuestas coimas, y en un mensaje que apuntó también a otros sectores de la oposición, reclamó que el proyecto de ley ómnibus se discuta en el plenario de comisiones y no en "oscuros hoteles pagados por funcionarios".
En su alocución en el plenario conjunto de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, el santafesino leyó extractos de una entrevista radial que el jefe de Estado brindó el domingo. "Con la ley les corto el choreo hacia adelante. Si no cuento con esta ley tendré que revisar si chorearon en el pasado. ¿Por qué lo quieren hacer? Porque quieren coimear con eso", sostuvo Milei en dichas declaraciones reproducidas por Martínez. "Vea quiénes son los políticos que piden fraccionar estas cosas (por el DNU y la ley ómnibus) y usted va a ver qué detrás de eso hay un sector. Por eso digo busquen la terminal, busquen el vínculo de ese político con esa terminal o si esos políticos llevan un nivel de vida acorde a lo que ganan como políticos", lanzó el mandatario.
La denuncia de Milei fue muy mal recibida por Martínez, que calificó lisa y llanamente de "extorsión" hacia los diputados y diputadas nacionales".
"Aclaro que no somos nosotros los que estamos buscando entrar en mesa de negociaciones con el oficialismo así que cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que están pasando", indicó.
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