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El juez Martín Cormick fijó una multa diaria de $100.000 para el Jefe de Gabinete por no cumplir la cautelar que ordena actualizar salarios universitarios y becas estudiantiles.
El juez federal Martín Cormick dispuso multas diarias de $100.000 para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución judicial exige al Gobierno nacional actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades y las becas destinadas a estudiantes.
La decisión se tomó después de que venciera el plazo de cinco días de una segunda intimación sin que el Poder Ejecutivo cumpliera con lo ordenado. Las multas recaen inicialmente sobre el funcionario responsable de la Jefatura de Gabinete y podrían modificarse si la situación lo requiere, informaron fuentes judiciales a la prensa.
En la resolución, Cormick señaló que, ante el incumplimiento verificado, correspondía aplicar el apercibimiento dispuesto el 30 de septiembre de 2026. También indicó que la sanción se fundamenta en las competencias atribuidas a la Jefatura de Gabinete por el artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional y el artículo 5 de la Ley 27.798.
La medida judicial
La cautelar fue dictada en diciembre de 2025 por el propio Cormick y recibió posteriormente el respaldo de la Cámara de Apelaciones. Según los antecedentes citados en la resolución, un fallo firme de la Corte Suprema del 25 de junio también sustenta la medida.
El objetivo de la disposición es que se cumplan las obligaciones vinculadas con la actualización de los salarios del personal universitario y de las becas estudiantiles, de acuerdo con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada por el Poder Legislativo en 2025.
La causa comenzó con una presentación de rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamaron judicialmente la aplicación de la normativa.
Antes de establecer las multas, el magistrado había realizado dos intimaciones al Gobierno. Como la orden no fue cumplida dentro de los plazos fijados, avanzó con una sanción económica diaria dirigida al funcionario a cargo de la Jefatura de Gabinete.
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La resolución se conoció el 14 de octubre, un día antes de la quinta marcha federal universitaria, prevista para el 15 de octubre en todo el país.
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