La Plata: archivan causa por gigantesca toma de tierras

El magistrado advirtió, en el fallo que se conoció en los últimos días, que la causa se archivó "por no constituir delito los hechos que la originaron, según lo prescripto por el artículo 195 segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación", mientras que también adujo que "el ingreso a los terrenos se produjo a plena luz de día".

Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal número 1 de La Plata, también señaló que "la delimitación informal de lotes con sogas, palos y alambres también ocurrió a la vista de todos" y que "los implicados ingresaron al predio sin que se advirtiera la adopción de ningún tipo de medida tendiente a denegar o dificultar ese ingreso".

Mientras el intendente de La Plata, Julio Garro, rechazó el fallo y presentó hoy un escrito en el que pidió al Gobierno provincial y nacional que apelen “de manera inmediata” el fallo.

"La inacción frente a esta grave situación no hace otra cosa que explicitar la falta de independencia de los poderes del Estado”, manifestó el jefe comunal en un comunicado difundido hoy, al referirse al fallo del juez Alejo Ramos Padilla.

La comuna solicitó a la Fiscalía de Estado de la Provincia, al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, a la Subsecretaría de Hábitat bonaerense y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) la inmediata intervención y que apelen la disposición judicial, ya que la Municipalidad de La Plata no tiene legitimidad para discutir el fallo que ordenó archivar el expediente.

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En las misivas, el municipio supone que “los Estados tanto Nacional como Provincial tiene por misión la defensa de su patrimonio, y para ese cometido deviene fundamental que se revierta el decisorio judicial adverso, que clausura una investigación seguida contra un hecho delictivo que vulnera la propiedad del Estado”.

Julio Garro, el intendente de La Plata, apuntado por concejales del FdT.

Julio Garro, el intendente de La Plata. Archivo.

Asimismo, considera que la resolución del juez “constituye un agravio al ejercicio del derecho real de propiedad, que el Estado provincial ostenta respecto del predio intrusado, y cuya defensa y administración se encuentran a cargo del gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.

La ocupación de las 160 hectáreas pertenecientes al Estado Nacional se inició el 16 de febrero del 2020 y fue creciendo con el correr de los meses, hasta que los terrenos fueron ocupados por unas dos mil familias.

En un primer momento, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, ordenó el desalojo, pero los ocupantes volvieron y ya no intervino, porque se trata de terrenos del Estado nacional.

En el fallo, el juez Ramos Padilla considera que es obligación del Estado asistir a las familias que procedieron a la toma y desarrollar un proyecto urbanístico, en un terreno que carece de los servicios básicos y es escasa la presencia de fuerzas de seguridad.