La política le da al Gobierno lo que la economía le niega

No por prevista dejó de ser una mala noticia. Hablamos de la inflación de marzo, que desde antes de llegar ese mes se sabía que pasaría el 2%. En rigor, hasta hace algunos días algunos especulaban con que llegara a tocar el 3%, con lo que el 2,3 podría considerarse un alivio. Pero no: la de marzo en la Argentina es la inflación de un año en países “normales” de un mundo en el que ya no es un problema. Esa es la normalidad que prometió Cambiemos; la tardanza en acercarse al dígito anual es lo que pone nerviosos a los propios, gobierno incluido.

El ministro de Finanzas reconoció que la inflación había sido elevada, dijo que eso estaba previsto y anticipó que abril no sería mejor, pero garantizó que a partir de mayo se iniciará el alivio. Nada que no se sepa desde hace tiempo, aunque los diagnósticos oficiales suelen no ser tan certeros y eso resulta corrosivo para las expectativas. No obstante, hace meses en este mismo espacio anticipamos que según las estimaciones de las consultoras, en el cuarto mes del año podía llegar a superarse la mitad de la meta de inflación. Los análisis presagiaban ya en enero que para el mes de abril podría haberse acumulado un 8% de inflación.

Con 6,7% en el primer trimestre, una nueva tanda de aumentos de tarifas prevista para abril que hace estimar un porcentaje hasta superior al de marzo, el primer tercio del año estaría promediando cuanto menos 9 puntos. La meta del 15% es desde hace tiempo de cumplimiento imposible, pero muy por lo bajo los funcionarios económicos confesaban hasta ahora que un 17% era perfectamente alcanzable y hasta firmaban el empate con el 18%. Hoy prefieren no emitir el menor juicio, pero ya todos sugieren que sería un alivio que no supere el 20%. Hasta podríamos anticipar las explicaciones que saldrían de los labios de los funcionarios: “Por segundo año consecutivo hemos logrado bajar la inflación y ese camino descendente continuará en 2019”. Es lo que dirán mientras esté por debajo del 25% de 2017. Y en cualquier caso siempre podrá argumentarse que “la buena noticia es que ya se ha compensado el atraso tarifario” y ahora solo habrá aumentos que acompañen a la inflación.

El problema que erosiona la credibilidad oficial tiene que ver con una combinación de diagnósticos moderados y pronósticos errados. Por múltiples razones se optó por soslayar el cuadro encontrado, con lo cual el nivel de sacrificio siempre lució exagerado, si bien el resultado electoral pareciera decir lo contrario. Pero hoy, cuando los argumentos oficiales plantean que el insólito atraso tarifario que ocasionó un colapso energético está a punto de ser revertido, aparecen encuestas como la que difundió al cierre de esta semana Analogías, que indican que el 76,2% de los bonaerenses estaría de acuerdo con un congelamiento de los servicios.

Más allá de la vinculación de esa consultora con La Cámpora, está claro el efecto corrosivo que tuvo sobre el bolsillo el encarecimiento de las tarifas: amén del gradualismo, ya representan el 21% del salario mínimo, vital y móvil. Con ese nivel, Argentina está en tercer lugar en la región, solo superada por Venezuela, donde las tarifas insumen el 33% del salario mínimo, y Chile (23%). Eso en un marco de alza de precios producto no solo de las tarifas, sino también de combustibles que no dejan de subir y la recomposición del valor del dólar. Con todo, ese último factor que tuvo gran incidencia en una escalada inflacionaria superior a la prevista, es considerado de manera positiva por las autoridades, que aclaran que el cuadro sería aún peor con atraso cambiario.

El malhumor social se multiplica cuando se le suma que esta coyuntura azarosa deba ser afrontada con salarios viejos. La mitad de las paritarias aún no se han cerrado y en las que sí los aumentos salariales aún no se han aplicado. Lo cual contradice la consigna presidencial de que “lo peor ya pasó”’, dicha hace un mes y medio. Puede que la inflación esté por entrar en la pendiente y que ya no haya que aumentar las tarifas de manera desproporcionada, pero los efectos de lo ya concretado son los que percibe hoy una sociedad que siente que no le dan respiro.

Una complicación extra y no menor es esa mitad que aún no ha cerrado los acuerdos paritarios: se complica que puedan acordar la pauta que ha bajado el gobierno, cuando la meta del 15% es casi tan hipotética como las posibilidades que le asisten a la Selección en el Mundial después del 6 a 1 con España.

Contrariamente a lo que se preveía con la llegada de Macri al poder, la política le da al gobierno las satisfacciones que la economía le niega. En ese sentido debe contemplarse la sorpresiva intervención del PJ nacional. Los funcionarios se han cansado de repetir que el gobierno no tiene nada que ver en la decisión de María Servini de Cubría, una jueza que ha tenido una relación cambiante con el gobierno. Ejemplo: en septiembre de 2016 admitió que, a diferencia de la gestión pasada, “hoy no se acerca nadie, el que viene es el abogado y nadie más. No vienen a presionar y a decir esto y lo otro”. Pero tres meses después, tras ser apartada de la subrogancia en el juzgado electoral bonaerense, dijo: “Esto yo no lo he vivido con ningún gobierno. Estos no dejan de ser aprietes y en 42 años de justicia no los he vivido nunca”.

Obvio es también que el designado interventor del PJ tiene más relación con el massismo que con Cambiemos, aunque haya quienes señalan la manera como se distanció de Hugo Moyano luego de que en enero se mostraran unidos contra el gobierno en el tradicional asado que organiza Luis Barrionuevo todos los años en Mar del Plata. Como sea, el episodio beneficia claramente a Cambiemos de cara al año electoral, porque profundiza las divisiones en el principal partido opositor, y exhibe figuras que están bien lejos de sugerir cualquier atisbo de renovación.

Más allá de que muchos consideren probable que la Cámara Electoral termine revirtiendo el fallo de Servini, cualquier decisión tomará tiempo, y el flamante interventor no ha ocultado un discurso distinto al de la unidad “con todos los sectores” proclamada en buena parte de las reuniones que viene realizando el peronismo. Barrionuevo no quiere saber nada con el kirchnerismo. De persistir esa postura, que es la misma que esgrimió el peronismo que responde a los gobernadores y que tuvo su cónclave fundacional en Gualeguaychú hace dos semanas, el kirchnerismo será empujado a recrear Unidad Ciudadana, dividiendo la oferta opositora. Música para los oídos oficiales.

Por eso es que la resistencia de José Luis Gioja a la intervención quedó más bien circunscripta al kirchnerismo. Botón de muestra: quienes hicieron “el aguante” en las protestas frente a la sede de la calle Matheu eran miembros de la Túpac Amaru, la agrupación Descamisados y militantes que responden al jefe del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez. Cuando Gioja abandonó la sede del PJ, la noche del martes de la intervención, el puñado de militantes que se mantenía en la calle Matheu coreó un típico canto kirchnerista: ‘Macri, basura, vos sos la dictadura’.

Más allá de que todos los PJ provinciales expresaron su respaldo a la conducción desplazada -menos los de Córdoba y Salta-, ningún gobernador se sumó públicamente a la resistencia. Salvo el puntano Alberto Rodríguez Saá, que no deja gesto diferenciador sin exhibir.

Diferente fue la reacción de los gobernadores frente a un hecho que los conmocionó verdaderamente: la detención de Eduardo Fellner en Jujuy. No es un episodio habitual ver a un ex gobernador preso, sobre todo tratándose de un peronista. De ahí que nueve mandatarios provinciales justicialistas emitieran el viernes un documento en el que expresan su preocupación por el hecho. La declaración no contiene cargos contra el gobierno nacional, como los que expresó Gioja endilgándole la detención, pero no oculta una defensa corporativa respecto de quien consideran un par.

En ese contexto se produjo en el Chaco el pedido de desafuero y detención de una diputada radical, Aída Ayala, ex intendenta de Resistencia y la figura más importante de Cambiemos para pelear allí la gobernación. Desde el oficialismo admitieron que cuando llegue el pedido al Congreso no les quedará otra que avanzar en el tratamiento. El costo político en este tema el oficialismo lo tiene garantizado, cualquiera sea el resultado en el recinto.

Fuentes legislativas confiaron a este medio que ven la mano de Jorge Capitanich detrás de esta movida. Es innegable que la justicia suele actuar al ritmo del poder político. Ya sea en la Nación, en Jujuy, o en el Chaco...