El gobierno bonaerense detectó posibles infracciones en contratos de Mercado Libre y Mercado Pago y la empresa deberá presentar un descargo en cinco días hábiles.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires imputó a Mercado Libre por presuntas cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión y advirtió que la empresa podría enfrentar una multa de hasta $1.815 millones si no modifica las condiciones observadas.
La investigación fue iniciada de oficio por el Ministerio de Producción bonaerense, que además aseguró haber recibido casi 2.400 denuncias de usuarios durante el primer cuatrimestre del año.
La actuación fue impulsada por la "Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores", que detectó posibles infracciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor tras analizar los términos y condiciones publicados en las plataformas de Mercado Libre y Mercado Pago.
La administración del gobernador Axel Kicillof sostiene que varias cláusulas generan un desequilibrio contractual en perjuicio de los usuarios y según explicó el Ministerio de Producción, el análisis incluyó las condiciones generales de uso del denominado “ecosistema MELI”, además de los contratos vinculados a préstamos personales y financiamiento para compras y pagos dentro de Mercado Pago. El informe oficial identificó más de diez cláusulas que podrían infringir el artículo 37 de la Ley 24.240 y normativa complementaria.
Entre los puntos observados aparecen mecanismos de aceptación tácita de modificaciones contractuales, criterios considerados ambiguos para el cobro de tarifas y cláusulas que trasladarían responsabilidades al usuario frente a operaciones no autorizadas. También se cuestionó la posibilidad de compensación entre cuentas y la inclusión de exenciones de responsabilidad anticipada a favor de la empresa.
La provincia además objetó cláusulas relacionadas con fallas técnicas en productos vendidos dentro de la plataforma, débitos sobre cuentas de terceros ajenos al contrato y caducidades automáticas de plazos por incumplimientos futuros considerados indeterminados. Otro de los puntos cuestionados es la fijación de jurisdicción exclusiva que, según el gobierno bonaerense, perjudicaría el acceso de los consumidores a instancias de reclamo.
Mercado Libre tendrá ahora un plazo de cinco días hábiles e improrrogables para presentar un descargo formal y proponer modificaciones o eliminaciones sobre las cláusulas señaladas. Si la empresa ofrece una adecuación satisfactoria, el expediente podría cerrarse sin sanción. En caso contrario, el gobierno bonaerense avanzará con la multa prevista.
Desde el Ministerio de Producción bonaerense señalaron que la fiscalización e imputación forman parte de las políticas impulsadas por la provincia para reforzar la protección de los consumidores y supervisar las prácticas de grandes plataformas digitales. El organismo además recordó que los usuarios pueden presentar denuncias a través de la línea 148 o mediante el correo electrónico: [email protected].
Desde la compañía fundada por Marcos Galperin rechazaron las acusaciones y aclararon que la imputación corresponde a una instancia administrativa inicial que no implica una sanción efectiva. La empresa sostuvo que la investigación “no surge de reclamos concretos de usuarios afectados” y aseguró que responderá dentro de los plazos establecidos por las autoridades provinciales.
“Millones de personas utilizan nuestras plataformas todos los días y, en relación con el enorme volumen de operaciones que procesamos, tenemos un nivel muy bajo de reclamos”, señalaron fuentes de Mercado Libre. La empresa también destacó que cuenta con canales de atención y resolución de conflictos que permiten resolver la mayoría de los casos de manera rápida y eficiente.
La compañía afirmó además que sus términos y condiciones son “claros, transparentes y alineados con la normativa vigente”, y rechazó cualquier interpretación que sugiera prácticas abusivas. El conflicto suma un nuevo frente regulatorio para Mercado Libre en medio de tensiones crecientes con organismos estatales y actores del sistema financiero.
La disputa se produce además en un contexto de enfrentamiento entre Mercado Pago y los bancos tradicionales por la competencia en el negocio de pagos digitales y billeteras virtuales. Durante 2024, "Modo" (la billetera impulsada por más de 30 bancos) denunció a Mercado Libre ante la entonces Dirección Nacional de Defensa de la Competencia por supuestas conductas anticompetitivas.
Entre los cuestionamientos planteados por Modo aparecieron la presunta obligación de operar exclusivamente con Mercado Pago dentro del marketplace, la necesidad de abrir cuentas en la fintech para utilizar la plataforma y las restricciones para utilizar otras billeteras digitales en pagos dentro del ecosistema de comercio electrónico.
A raíz de esas denuncias, la actual Autoridad Nacional de la Competencia abrió un sumario contra Mercado Libre que todavía continúa en trámite. Meses después, la empresa respondió con una contradenuncia contra Modo, a la que acusó de cartelización y prácticas coordinadas para limitar el crecimiento de las fintech y restringir la competencia dentro del mercado financiero digital argentino.
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