La administración nacional dio lugar a los reclamos de un sector de la oposición y busca apoyos para la desregulación de la economía. Contiene eliminaciones y modificaciones.

El Gobierno cedió y dio lugar a los reclamos de la oposición “dialoguista” y envió al Congreso un nuevo proyecto de Ley Ómnibus que contempla modificaciones con intención de aprobar el grueso de los cambios presentados.

Según el documento, que ya están analizando los diputados, entre las principales variaciones, el Poder Ejecutivo acepta eliminar YPF del listado de empresas a privatizar y para las firmas Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

Por otra parte, la administración accedió al reclamo de los gobernadores por lo que limitó las retenciones a las economías regionales a cero. “Se establecen en 0% para las economías regionales. A su vez, se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación. Solamente se mantiene la facultad para poder reducirlas”, reza el nuevo artículo.

Además, se compromete mantener la fórmula previsional hasta abril y luego comenzará una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC.

Si bien se trata de un borrador, redactado de forma coloquial, que se presentó a los jefes de bloques, el Gobierno apuesta a conquistar el respaldo del sector de la oposición dialoguista, quienes por estas horas analizan en detalle los cambios.

El mandatario dio el visto bueno para posponer una serie de temáticas contempladas en el texto original a ser tratada a partir de marzo, en el período de sesiones ordinarias, entre los que destacan los cambios en la ley de sociedades, la discusión sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad, los temas de salud mental y de la reforma electoral (secciones uninominales, el futuro de las PASO y el régimen de partidos políticos).

Desde la administración libertaria optaron por reducir a un año las delegaciones legislativas con opción de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso.

De acuerdo a los cambios en el blanqueo de capitales, el proyecto estableció que los sujetos no residentes que adhieran al presente Régimen de Regulación de Activos “no podrán declarar bienes que se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre de terceros”, incorpora como sujetos excluidos a los funcionarios que se hayan desempeñado en el rol en los últimos 5 años; "se excluye a los agentes de retención con procesamiento firme y se define que lo producido del Impuesto Especial de Regularización se destinará a la capitalización del Banco Central de la República Argentina”.

El Gobierno decidió eliminar el polémico artículo 331 de la ley ómnibus: establecía que se debía pedir autorización para una manifestación y definía que se trataba de la “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”.

En cuanto al INCAA, se deroga la modificación del artículo 21 y se mantiene la asignación específica para el Instituto Nacional De Cine Y Artes Audiovisuales, que seguiría recibiendo un monto de recursos de manera automática.

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En relación al Fondo Nacional de las Artes, se deja de propiciar su cierre y se propone “explorar mecanismos para que su ecuación económica sea más favorable a la comunidad artística”. Los directores deberán ser ad-honorem y los gastos no pueden representar más del 20% de sus ingresos.

Por último, en cuestiones de Medio Ambiente, se elimina el artículo 497 que modificaba la Ley de Quema y se amplía de 30 a 90 días en el artículo 498 el plazo para que la Autoridad de Aplicación autorice una quema.

Se incorporó un artículo que garantiza los recursos para el Fondo de Bosques y se aclara en la ley de Glaciares las actividades prohibidas en la zona periglaciar.

Tras las críticas generadas luego de la presentación del primer proyecto denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, mejor conocida como Ley Ómnibus, el presidente Javier Milei dispuso dar lugar a los reclamos.

“Bienvenido este debate. Es sano exponer los privilegios de unos pocos, es sano mover nuestro marco normativo hacia adelante modificando cosas que el tiempo había enquistado. También es sano escuchar, corregir, aprender. Todo esto y mucho más ocurrió durante este debate”, reza en la letra del documento que contempla las correcciones y que pasó de 664 artículos a 523.

La respuesta del Poder Ejecutivo apareció luego de que los 10 gobernadores de el PRO y la UCR realizaran una reunión para meter presión a la discusión. Participaron Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Nacho Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy). Mientras que Gustavo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) mandaron representantes. Mientras que en representación de los legisladores participaron Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, Rodrigo De Loredo, titular del bloque de la UCR, con Alejandro Cacace (UCR), Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot de Hacemos Coalición Federal.

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