Los funcionarios defendieron el recorte de empleos públicos ante Diputados

Los secretarios de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y de Desregulación, Alejandro Cacace, presentaron los resultados que atribuyen a las medidas de la gestión de Javier Milei y sostuvieron que los cambios en la estructura estatal forman parte de los pilares del programa económico. La oposición, en tanto, cuestionó las consecuencias de esas políticas sobre la producción, el empleo y los servicios públicos.

Durante su presentación ante la comisión que preside el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, Fariña destacó la reducción de ministerios de 18 a ocho desde diciembre de 2023 y aseguró que la transformación no se limita a disminuir el tamaño del Estado, sino que también apunta a modificar sus funciones. El funcionario sostuvo que el Gobierno eliminó tareas que consideraba duplicadas o que, según su criterio, deberían quedar en manos de los municipios o del sector privado. “No solamente estamos teniendo un Estado más chico, sino que también estamos redefiniendo su rol y su funcionamiento”, afirmó al describir los objetivos de la reorganización administrativa.

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Fariña también puso en valor la reducción de aproximadamente 81.000 puestos de trabajo en el sector público nacional y rechazó que el ahorro obtenido sea transitorio. Según explicó, el proceso incluyó una revisión de las estructuras y de los cargos jerárquicos de distintos organismos. Como ejemplo, mencionó que Vialidad Nacional tenía 1.543 cargos jerárquicos para una planta de 5.300 empleados, una proporción que consideró desmedida.

También señaló supuestas irregularidades en la creación y publicación de cargos en ese organismo y en la Comisión Nacional de Energía Atómica, y sostuvo que la gestión busca eliminar superposiciones administrativas.

El secretario detalló que parte de la reducción de personal se canalizó mediante el régimen de disponibilidad contemplado en la Ley de Empleo Público, que, según indicó, no se utilizaba desde hacía dos décadas. Ese mecanismo se aplica, de acuerdo con su explicación, cuando existen áreas duplicadas, exceso de personal o cierres de dependencias.

Además, mencionó los retiros voluntarios como otra herramienta para disminuir la dotación estatal y aseguró que más de 5.254 personas se adhirieron al programa. En ese marco, anunció una nueva convocatoria para trabajadores de la Administración Pública Nacional entre el 1.º y el 30 de noviembre.

Por su parte, Cacace vinculó la transformación del Estado con la Ley Bases y las reformas estructurales promovidas por el oficialismo. El funcionario sostuvo que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, creado tras la sanción de esa norma, ocupa un lugar central en el programa económico, pese a ser una de las jurisdicciones más pequeñas de la administración nacional.

También destacó cambios en materia energética y comercial, y señaló que la eliminación del denominado barril criollo permitió avanzar hacia una mayor vinculación entre los precios internos del petróleo y los valores internacionales.

En materia energética, Cacace aseguró que la Argentina registra niveles récord de exportaciones de petróleo y combustibles y proyectó que, dentro de diez años, el país podría alcanzar volúmenes de exportación comparables con los del sector agropecuario.

Entre los cambios que el funcionario presentó como logros de la gestión también figuraron la apertura del mercado de internet satelital, con más de 750.000 accesos según sus cifras, y la salida de la Argentina de una lista de países bajo vigilancia en materia de propiedad intelectual.

La diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, cuestionó el enfoque del Gobierno y sostuvo que la eficiencia estatal debe evaluarse por sus efectos sobre las condiciones de vida de la población. “Yo creo en un Estado que construya eficiencia pero para devolverle a la ciudadanía mejores condiciones de vida”, planteó.

La exministra de Desarrollo Social criticó las políticas laborales que atribuyó a Sturzenegger y acusó al oficialismo de debilitar las capacidades productivas del país. “No vamos a ser un país serio destruyendo las capacidades productivas de la Argentina”, afirmó, antes de responsabilizar al Gobierno por lo que definió como un proceso de “industricidio”.

Las críticas también alcanzaron las propuestas de transporte fluvial y el estado de la infraestructura vial. La diputada Sabrina Selva, también de Unión por la Patria, vinculó el impulso a las barcazas con la falta de inversión en las rutas nacionales y cuestionó la ausencia de controles en la Hidrovía.

“Las barcazas se están chocando por la falta de regulación”, sostuvo durante el debate. Además, advirtió sobre los accidentes en las rutas y acusó al Gobierno de desviar recursos destinados al mantenimiento vial para sostener el superávit financiero. El intercambio dejó expuestas las diferencias entre el oficialismo, que presentó el ajuste y las desregulaciones como herramientas para reducir costos y reorganizar el Estado, y la oposición, que cuestionó sus consecuencias económicas y sociales.

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