El Centro de Información Judicial (CIJ) dio a conocer un informe del juzgado de Claudio Bonadio con detalles de la causa de los cuadernos. El magistrado también involucró a Julio de Vido.

Durante un lapso cercano a los ocho años” funcionó “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández)”.

Así se sostiene en un informe del juzgado de Claudio Bonadio dado a conocer por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Según se indica, “la causa Nº 9.608/2018 caratulada “Fernández Cristina Elizabet y otros s/ asociación ilícita” del registro de la Secretaría Nº 21 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del juez Claudio Bonadio, se inicia a raíz de la información aportada en el marco de la causa Nº 10.456/2014 de esa misma Secretaría, por una persona a quien oportunamente se le reservó su identidad, quien acompañó copia de las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Bernardo Centeno chofer de Julio Miguel De Vido y de Roberto Baratta, todo lo cual da cuenta de la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.

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“En el expediente, el cual cuenta al día de la fecha con 32 cuerpos de actuaciones y voluminosa documentación y anexos, se han practicado 70 allanamientos, 36 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 24 en la provincia de Buenos Aires, 7 en la provincia de Misiones, 2 en la provincia de Santa Cruz y 1 en la provincia de Mendoza, habiéndose concretado sobre oficinas de empresas a nivel nacional e internacional, como también sobre los domicilios de los ex funcionarios públicos involucrados en la investigación”.

“Además -prosigue el informe- se secuestraron más de doscientos cincuenta (250) obras pictóricas en posesión de dos imputados por aprox. pesos treinta y siete millones ($ 37.000.000,00) y pesos cuatro millones quinientos mil ($ 4.500.000,00)”.

El informe añade que “como consecuencia de ello se han secuestrado aproximadamente, más de seis millones trescientos cincuenta mil de pesos ($ 6.350.000,00), más de un millón doscientos cuarenta y cinco mil dólares estadounidenses (U$S 1.245.000,00), más de doscientos treinta y cinco mil euros (¾ 235.000,00), como así también sumas de dinero expresadas en chilenos, uruguayos y reales, nueve (9) armas de fuego, equipos de telefonía móvil y electrónicos y finalmente, una gran cantidad de rodados de diferentes marcas y modelos, muchos de ellos de alta gama”.

“En total y hasta el momento se han recibido 52 declaraciones indagatorias, habiéndose logrado la detención de 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad, subsistiendo 2 personas con orden de captura”, agrega.

Asimismo, se indica: “Dentro de las personas imputadas, 17 declararon en calidad de arrepentidos, habiéndose formado los correspondientes legajos, siendo que por el momento, se han resuelto 15 acuerdos de homologación en forma positiva”.

El informe explica que “se realizaron distintas medidas probatorias tendientes a establecer la verosimilitud de la información plasmada en tales registros. En ese sentido, se realizaron tareas de inteligencia, se recabaron informes, y se procedió a la intervención de ciertos abonados telefónicos”.

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