El próximo viernes ingresarían finalmente los proyectos sobre la legalización de la interrupción del embarazo anunciados por Alberto Fernández en la asamblea legislativa

Finalmente el gobierno enviaría el viernes al Congreso los proyectos de legalización del aborto y de "maternidad sustentable" -prevé la asistencia a la futura madre durante la gestación y durante los primeros mil días de vida de la su hijo- al tiempo que la semana próxima sería el turno de la mentada reforma judicial que busca quitar poder a los tribunales de Comodoro Py.

Luego de las masivas marchas por el Día de la Mujer, y el consecuente reclamo "verde" por el aborto legal, seguro y gratuito, se esperaba que la Casa Rosada anunciara por estas horas estos proyectos, que han sido uno de los puntales del discurso que dio el presidente Alberto Fernández durante la apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento el último 1° de marzo. Incluso el jefe de Estado había mencionado que serían girados en los "próximos 10 días".

Desde hace semanas un equipo interdisciplinario ha trabajado en el tema, coordinado por la secretaría de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Restan detalles para que sea presentado por mesa de entradas del Parlamento. Aunque ayer en Casa Rosada decían que "no hay fecha" para dicho trámite, cerca de la ex senadora dijeron que "la idea es que ambos proyectos de presenten el viernes".

Lo cierto es que, tras la polémica con la Iglesia que el último domingo ofició una misa en la Basílica de Luján en la defensa de "la mujer y la vida", el Ejecutivo decidió impulsar la iniciativa que despenaliza la interrupción legal del embarazo y, al mismo tiempo, establece la cobertura de la práctica por parte del sistema público de salud y, al parecer, también del privado.

Durante la ceremonia religiosa del pasado domingo, la Iglesia sostuvo que "no es lícito eliminar ninguna vida humana" y destacó la necesidad de "discernir prioridades" en un país que tiene "altos niveles de pobreza e indigencia".

Tal vez para atemperar la oposición del Episcopado argentino, y del propio Papa Francisco, el Ejecutivo decidió enviar en forma conjunta el denominado Plan de los 1000 días para garantizar la asistencia estatal a las mujeres de bajos recursos desde el inicio del embarazo hasta los dos años de la criatura. El objetivo es dar certidumbre a mujeres de bajos recursos que quedan embarazadas.

"Lo que queremos es cuidar la vida y la salud de las mujeres, que no se mueran más por someterse a prácticas clandestinas", destacó una alta fuente gubernamental consultada que prefirió no opinar sobre la resistencia de algunos médicos, no por un tema de "conciencia" sino por temor a ser blanco de demandas judiciales que se sumen a las decenas de causas por mala praxis que deben soportar por la denominada "industria del juicio".

Ambas iniciativas serán giradas al mismo tiempo al Parlamento, donde el proyecto sobre el aborto fue tratado por primera vez el año pasado, cuando la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados y rechazada en el Senado. Ahora, los primeros aprontes muestran otra votación cerrada: peronistas como el formoseño José Mayans ya anticiparon su rechazo a la iniciativa. En Diputados, lo propio hizo el vicepresidente segundo de la Cámara, José Luis Gioja, también del Frente de Todos.

Aunque en el proyecto de legalización del aborto se incluiría la denominada "objeción de conciencia" para los médicos, en ámbitos eclesiásticos había preocupación porque no se exceptuaría de realizar la práctica a los sanatorios de origen católico, como el San Camilo o Mater Dei o los surgidos del credo evangelista.

Con todo, se esperaba que la Casa Rosada girara ambos proyectos a comienzos de esta semana en medio del fervor de la "marea verde". Pero todo se demoró algunos días más.

Lo mismo ocurrirá con el proyecto de reforma de la justicia federal, otra de las iniciativas anunciadas por el presidente ante la asamblea legislativa. En este caso, el texto, que ampliaría la cantidad de juzgados federales -pasando tribunales nacionales con sede en la Ciudad a la órbita federal- quitando de este modo peso a la Comodoro Py, se enviaría al Congreso recién la semana próxima. Aún no hay fecha para la oficialización del Consejo Económico y Social, que también tendrá debate legislativo.

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