Marcela Pagano presentó un proyecto para disolver el Banco Central y prohibir la emisión monetaria

La iniciativa también plantea crear un esquema de transición para redistribuir las funciones actuales del organismo, rescatar los pasivos monetarios y fijar mecanismos que dificulten la restitución de una autoridad monetaria con capacidad de emitir.

El texto establece que el Banco Central será disuelto a los 180 días de la entrada en vigencia de la ley y que, hasta entonces, solo podrá realizar actos de administración conservatoria, quedando impedido de ejecutar operaciones de política monetaria o cambiaria. La liquidación quedará a cargo de una comisión de tres integrantes designados por el Poder Ejecutivo, con un plazo de hasta 24 meses, prorrogable por un año, bajo auditoría de la Auditoría General de la Nación y una auditoría internacional independiente.

La propuesta crea la Superintendencia de Entidades Financieras y de Sistemas de Pago (SEFIP), que absorberá las tareas de supervisión bancaria, control de los sistemas de pago, prevención del lavado de activos y regulación financiera que actualmente desempeña el BCRA. Además, "las estadísticas monetarias y financieras pasarán al INDEC, mientras que la representación argentina ante el Fondo Monetario Internacional" y otros organismos internacionales será asumida por el Ministerio de Economía.

El Banco Central continúa con su tendencia compradora.

El proyecto también impulsa un "régimen de emisión cero, fija la base monetaria por ley y prevé la creación del Fideicomiso de Rescate Monetario (FIREM), destinado a respaldar y rescatar progresivamente los pesos en circulación". A su vez, habilita la libertad monetaria, permitiendo que las personas puedan elegir la moneda con la que contratan, ahorran y cobran, deroga el régimen penal cambiario y prohíbe el restablecimiento de restricciones cambiarias.

En materia de personal, la iniciativa contempla la transferencia de empleados del BCRA hacia la nueva superintendencia, el INDEC, el Ministerio de Economía u otros organismos nacionales, preservando la antigüedad, la remuneración y los derechos adquiridos. También prevé un "régimen de retiro voluntario para quienes opten por no ser reasignados y dispone que el Estado Nacional suceda al Banco Central en los derechos, obligaciones y procesos judiciales que no sean transferidos específicamente".

Como garantía de irreversibilidad, el proyecto establece que la creación de un nuevo banco central o de cualquier organismo con facultades para emitir moneda solo podrá aprobarse con el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de ambas cámaras del Congreso. Además, modifica el Código Penal para sancionar con "penas de prisión e inhabilitación perpetua a los funcionarios que autoricen emisiones monetarias prohibidas y fija la responsabilidad patrimonial personal de quienes violen el régimen de emisión cero".

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La iniciativa también deroga la Ley Orgánica del Banco Central, el Régimen Penal Cambiario y toda norma que resulte incompatible con el nuevo sistema. Asimismo, "crea una Comisión Bicameral de Seguimiento integrada por diputados y senadores para controlar el proceso de liquidación del BCRA y el funcionamiento del FIREM, con informes trimestrales obligatorios". La entrada en vigencia será escalonada y "el Poder Ejecutivo tendrá 60 días para reglamentar la norma".

En los fundamentos, Pagano sostiene que la inflación "tuvo un domicilio institucional" en el Banco Central y argumenta que la Constitución no obliga a la existencia de una autoridad monetaria, sino que faculta al Congreso a crearla o disolverla. También afirma que el objetivo es impedir que el Estado vuelva a financiarse mediante emisión monetaria, cita los casos de Panamá, Ecuador y El Salvador como antecedentes de sistemas sin banco central emisor y remarca que el Congreso tiene la facultad de debatir una medida que, según recuerda, fue una promesa de campaña del actual Poder Ejecutivo.