La Gobernadora bonaerense sostuvo que en la administración bonaerense procuran "una Justicia más transparente y despolitizada que ponga a la víctima, y no al victimario, en el centro de los procesos".

"Buscamos una justicia más transparente y despolitizada y que ponga a la víctima, y no al victimario como ocurrió durante tantos años, en el centro los procesos”, explicó la gobernadora María Eugenia Vidal en relación a su propuesta de reforma integral al sistema de justicia que este miércoles, a las 10, será presentada formalmente en la Casa de Gobierno, en La Plata, y que espera que pueda ser sancionada por la Legislatura antes de finalizar su mandato, en diciembre del año que viene.

La gobernadora detalló los alcances de la reforma a la que asoció a los cambios implementados por su administración en el Servicio Penitenciario y en la Policía provincial, y a la que también vinculó como una de las herramientas fundamentales para la lucha contra la inseguridad.

Se trata, en resumen, de un paquete de cinco proyectos de ley que esta semana terminarán de ser girados a la Legislatura bonaerense. En el oficialismo provincial confiaron que ya contactaron a la oposición y a diferentes sectores del Derecho en lo referente al cambio de los códigos procesales.

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En este sentido, el plan prevé reformar la ley de Enjuiciamiento de Magistrados, para acortar los plazos del juicio y evitar que los procesos sean utilizados como herramienta de presión política a jueces y fiscales. La enmienda, además, propone que cada presidente de la Corte -que rota año a año por sistema- que inicia un proceso deberá finalizarlo aunque abandone la titularidad del máximo tribunal.

También habrá una reforma del proceso de Selección y Capacitación de magistrados: en el oficialismo dicen que al no haber reglas objetivas para su nombramiento, muchas veces terminan influenciados por compromisos políticos.

Para hacer más accesible a la justicia y focalizar los procesos judiciales en la víctima, el oficialismo propone un nuevo Código Procesal Penal.

Otro proyecto plantea dar fuerza de ley al Mapa Judicial para “contar con información real y actualizada sobre el volumen de trabajo de cada juzgado y su productividad”. Por caso, en el gobierno sostienen que en un mismo departamento judicial hay juzgados con 70 causas al año y otro con más de 2800 causas en el mismo período.

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También se girará al parlamento bonaerense una nueva ley de Procedimiento Laboral -la actual data de 1955- con la que se buscará tener juicios más rápidos y menos costosos.

Para el segundo semestre llegará la segunda etapa de reformas, con la propuesta de una nuevo Código Contravencional que se adapte a los nuevos tiempos y, en octubre, se presentará un nuevo Código Procesal Civil y Comercial.

La gobernadora Vidal al referirse ayer a la necesidad de lograr un mejor ordenamiento judicial, hizo referencia al caso del padre Julio Grassi.

“Estuvo 10 años libre porque apeló a siete instancias de recursos ante la justicia provincial, es decir, fueron 10 años de no respuesta a los chicos que lo denunciaron”, fundamentó y luego tiró una chicana al sciolismo al asegurar que recién durante su administración se cortó todo vínculo con la Fundación Felices los Niños.

Durante el encuentro de ayer, el ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, detalló ante la consulta de DIARIO POPULAR que hay en todo el territorio 166 juzgados vacantes a los que se suman las renuncias de 14 magistrados que dejarán su cargo antes del 30 de junio próximo. Es decir, la vacancia en la Provincia alcanza al 13,85% en concordancia con la media que se da en la Nación.

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Una de las áreas a reformar es la que tiene a su cargo el juzgamiento de jueces. En la actualidad -consignaron en el gobierno- hay 110 causas abiertas en el Consejo de la Magistratura. Empero, la cantidad de magistrados acusados podría ser mayor dado que en algunos expedientes se investiga a una sala de cámara entera, por ejemplo.

Visto que los magistrados que serán elegidos mediante el nuevo protocolo recién asumirán entre el 2020 y el 2021, este diario consultó a Ferrari sobre qué propone el Ejecutivo para la transición a fin de evitar las acusaciones de favoritismo político en la designación de jueces, que continúan vertiéndose por lo bajo en los pasillos de los tribunales platenses.

“Hablamos con el titular del Concejo, de Lázzari, de ir implementando por resolución algunos aspectos de la ley, paso a paso ir hacia un orden de mérito”, expresó. A su lado, Vidal concluyó que “cuando no hay reglas claras entra en juego la discrecionalidad” en este tipo de designaciones.

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