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Una de las solicitudes pone el foco en una de las casas que integran el patrimonio del exintendente: una vivienda ubicada en el Barrio Privado Fincas de San Vicente.
Tras presentar su renuncia a la jefatura de Gabinete bonaerense y a su candidatura a concejal en Lomas de Zamora, Martín Insaurralde debe enfrentar un proceso judicial turbulento. Entre las causas que se le abrieron, se encuentran denuncias por lavado de activos, evasión fiscal, enriquecimiento ilícito y el embargo de sus bienes.
Una de las solicitudes -la que hizo la diputada Graciela Ocaña- pone el foco en una de las casas que integran el patrimonio del exintendente: una vivienda ubicada en el Barrio Privado Fincas de San Vicente.
En ese sentido, la denuncia radicada en el Juzgado Federal número 3 de La Plata solicita el embargo de su inmueble con la "necesidad de prevenir que los bienes que pudieran pertenecer al denunciando sean ocultados o transferidos a otro titular”.
El pedido toma como punto de partida dos artículos periodísticos. En uno se describe el hogar que Insaurralde, entonces casado con la modelo y conductora Jésica Cirio, compartían en el barrio privado. En la segunda nota, se da cuenta de que el todavía intendente tenía siete empleados a su disposición para el mantenimiento de la vivienda.
En el escrito, presentado en el Juzgado Federal número 3 y firmado, esta vez, solamente por Magioncalda, se solicita que “se libre orden de secuestro de todos los bienes de lujo que pudieran existir y se ordene el embargo preventivo del inmueble, siempre y cuando su titularidad corresponda al denunciado”.
Además, se detalla que el country “cuenta con diversas áreas destinadas al deporte, como un amplio gimnasio, canchas de tenis y golf. Además, el country se extiende hasta 625 hectáreas, con una laguna artificial de 5.5 hectáreas”.
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Otra de las presentaciones mas graves contra Insaurralde la hizo Enrique Avogadro antes del affaire Marbella. Hace una semana, antes de que se conocieran las fotos que desataron el escándalo que precipitaron la salida de Insaurralde, Avogadro, padre del ministro de Cultura porteño Enrique Avogadro, presentó una denuncia en la UFIJ 6 de La Plata por enriquecimiento ilícito y defraudación a la administración pública contra el intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora.
El letrado inició la acción a partir de la repercusión periodística que generó el divorcio de Insaurralde con la modelo Jessica Cirio: la separación, según las versiones que circularon, se habría sellado en dólares por una millonaria cifra. “De ser cierta tal información, estaríamos ante un verdadero escándalo público por la magnitud de dicho pacto y el consecuentemente inexplicable patrimonio del denunciado”, dice la denuncia.
La ex mujer de Insaurralde trabaja en el juzgado que lo investiga
El magistrado Federico Villena ocupa un cargo en uno de los dos juzgados federales de Lomas de Zamora donde recaló una de las denuncias contra el exjefe de Gabinete Bonaerense Martín Insaurralde, y en uno de los establecimientos judiciales trabaja como empleada Liana Toledo, la primera esposa del exfuncionario provincial.
Villena recibió una de las primeras denuncias el día sábado cuando se conocieron las imágenes de Insaurralde con Clerici en Marbella y en esa causa, interviene con el fiscal federal Sergio Mola.
Lo que falta determinarse es dónde se van a investigar todos los casos, ya que puede ser en La Plata, donde fueron las primeras denuncias, en Lomas de Zamora y en Comodoro Py. Fueron un total de ocho denuncias hasta el momento que implican a Insaurralde, Clerici y Jésica Cirio, esta última la segunda ex pareja del lomense.
Villena es el mismo magistrado que retuvo el avión iraní con tripulantes de esa nacionalidad y de Venezuela, quienes estuvieron en el país varios días ante una acusación de espionaje que no prosperó del todo y generó un conflicto de la Argentina a nivel internacional.
También, es el juez que había decidido devolverle unos 600 mil pesos y 434 mil dólares a Karina Moyano que le habían secuestrado en un allanamiento vinculado a una causa de drogas. A partir de ese episodio, el fiscal de la PROCUNAR, Diego Iglesias, emprendió una investigación y el juez Villena decidió devolverle esa suma.
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