En una carta abierta titulada "Por una democracia sin presas y presos políticos. Libertad a Milagro Sala", diversos actores de la política piden por su libertad.

El próximo sábado se cumplen cinco años de la detención de Milagro Sala, funcionarios, dirigentes políticos y referentes sociales, culturales y de derechos humanos solicitaron hoy la "libertad" de la titular de la organización Tupac Amaru.

En una extensa carta abierta titulada "Por una democracia sin presas y presos políticos. Libertad a Milagro Sala", los firmantes denunciaron que la "persecución política, judicial y mediática a la que es sometida" tiene como autores al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.

5 años de injusticia. 5 años de arbitrariedad. Este 16 de enero se cumplen 5 años de la detención arbitraria de Milagro Sala. Desde entonces hasta hoy continúa detenida, en el último tiempo con prisión domiciliaria, al igual que otros compañeros y compañeras de su organización", comienza el texto.

"A través de esta carta y de las actividades que se realizarán en distintos lugares del país para denunciar esta injusticia, nos proponemos: dar a conocer el proceso ilegítimo de detención y persecución de la organización que Milagro lidera, denunciar ante la Justicia la vulneración a los derechos humanos y civiles, exigir el justo proceso y la libertad de Milagro y las compañeras detenidas, y abrazar de solidaridad a quienes durante todos estos años fueron criminalizados por su compromiso con el pueblo pobre", dice el texto.

"La persecución política, judicial y mediática a la que es sometida Milagro Sala y sus compañeros de la Organización Barrial Túpac Amaru tiene una autoría intelectual política y judicial clara: Gerardo Morales y el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy", según denuncian los firmantes.

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Aclaran asimismo que esa actuación tiene como objetivo "diezmar la organización popular que logró quebrar el monopolio en la obra pública de vivienda y construir presupuestos participativos en la materia, que puso en jaque al sistema político y económico jujeño al denunciar pactos mafiosos con la última dictadura cívico militar".

Los firmantes señalan que en estos cinco años "también lograron acusarla" de "asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración publica y extorsión" así como "sentarla en el banquillo de las acusadas, que vaya a la cárcel, que en la prensa nacional e internacional su obra y su figura sea denostada, pero también reivindicada y conocida".

Entre los funcionarios firmantes se encuentran los ministros de Justicia bonaerense, Julio Alak; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño; la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios Ministerio de Justicia, María Laura Garrigós; y las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Adriana Puiggrós.

También suscriben la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; la titular del Sedronar, Gabriela Torres; la directora del Banco Provincia, Juliana di Tulio; así como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Adhieren asimismo legisladores y referentes de diversas organizaciones sociales y de Derechos Humanos.

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